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Ordenan suspensión de la construcción del edificio Aquarela, en Cartagena

Los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar ratificaron la decisión tomada en primera instancia por el Juzgado 10° Administrativo de la capital departamental.

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En decisión de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena, por lo que se ordena la suspensión de la construcción del proyecto urbanístico Aquarela.
La determinación del tribunal también dejó en firme la suspensión temporal de los efectos de las decisiones administrativas que permitieron el inicio de las obras, entre ellas las resoluciones de la Curaduría Urbana No 1 de Cartagena que concedieron las licencias de construcción de las diferentes etapas del proyecto urbanístico.
A juicio del tribunal, el Curador Urbano No 1 de Cartagena incumplió su deber legal y constitucional de constatar la ubicación exacta del barrio sobre el que se construye el proyecto, así como el uso y tratamiento exacto que tiene el predio dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad, pues se evidenció que en algunos documentos consignó que es de conservación urbanística y “luego sin motivación jurídica, razonable y técnica, cambió su concepto para indicar que su uso es de renovación urbana”.
En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia adoptada por el juzgado, era correcta, pues alrededor del proyecto Aquarela se encuentra ubicado un bien declarado patrimonio histórico de la humanidad como lo es el Castillo de San Felipe, “que debe ser salvaguardado y protegido por todas las autoridades y las personas en general”.
Cabe destacar que, en su momento, al coadyuvar la solicitud del Ministerio de Cultura de medidas cautelares sobre la construcción, la Procuraduría General de la Nación pidió la suspensión de las obras por la afectación al patrimonio cultural de la Nación, y para “evitar un grave perjuicio a las familias que puedan adquirir de buena fe los apartamentos, ya que de prosperar las pretensiones que se invocan en el presente proceso podrían verse afectados sus derechos, incluso fundamentales, con lo cual se crearía un escenario más difícil y complejo de resolver”.
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