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El negocio de las fotomultas fraudulentas está próximo a recibir su estocada final en Colombia.
Esto, debido a que el Ministerio de Transporte presentó el borrador de reglamentación que dicta las nuevas reglas de juego para dichos sistemas y cuya versión final deberá estar lista, por tarde, el 14 de enero del 2018.
En principio, el documento establece que para instalar una cámara de detección, las autoridades de tránsito deberán contar con aval del Mintransporte y la Dirección de Tránsito y Transporte, previa autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Esta última revisará que el privado tenga un plan y un diagnóstico de seguridad vial, un análisis específico de riesgos, un diagnóstico de contravenciones de tránsito, indicadores y metas, entre otras cosas.
Alejandro Maya, viceministro de Transporte, explicó que hay cuatro puntos claves: “Las fotomultas deben señalizarse a 500 metros de distancia como mínimo, se señala la metodología para que los alcaldes soliciten el aval ante la ANSV y el Mintransporte, y también se especifica que los sistemas deben ser calibrados y que los privados no pueden recibir más del 10% del recaudo”.
Así las cosas, una vez se firme la resolución, los actuales operadores tendrán 6 meses para acoplarse a las exigencias técnicas que dicta la cartera de Transporte, lo que indica que deberán solicitar a la ANSV y el Mintransporte y deberán estar señalizadas.
“El interés superior es que se conviertan en herramientas poderosas para disminuir accidentes y salven vidas, no que sea un negocio”, concluyó el Viceministro, quien recordó que, el año pasado, por estos sistemas se facturaron unos $2 billones.
En plata blanca, esto quiere decir que se impusieron cerca de 1’800.000 comparendos electrónicos en Colombia, cifra que en el 2010 llegó a menos de 1.000.