Más capital privado para impulsar al sector rural

Desde 1990, tanto el PIB agropecuario como su porcentaje de participación en la producción agregada, se han desacelerado progresivamente; es así como en 2017 el PIB del agro representó el 6% del PIB total, mientras que en 1990 el indicador se ubicaba en el 9%.

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Esta realidad que nos desluce a nivel latinoamericano, resulta contradictoria en un país que tiene condiciones naturales excelsas para responder competitivamente a las grandes oportunidades de los mercados de alimentos, biocombustibles y forestales.

La FAO y el Banco Mundial (BM) insistentemente advierten de la necesidad de incrementar aceleradamente la producción de alimentos en el planeta, de tal forma que en 2050 sea 70% superior a la producción actual.

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Esa alarma de supervivencia se convierte en una radiante luz de mercado que indica como la inversión agropecuaria ha de ser una de las más claras, pertinentes y sólidas para el inversionista de largo plazo.

Cualquier fórmula de política pública que se defina para adaptarnos a esta megatendencia, debe contener invariablemente un ostensible incremento tanto de la inversión pública como de la privada.

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Del lado gubernamental está el reto fiscal de realizar las inversiones en aquellos bienes públicos que promuevan el desarrollo rural competitivo y ambientalmente sostenible.

Estas son inversiones básicamente en ciencia, tecnología e innovación; asistencia técnica; e infraestructura.

Sin embargo, la inversión pública es una condición necesaria para impulsar el agro pero está lejos de ser suficiente, dado que, sin unos altos niveles de inversión privada a gran escala, se dificulta el desarrollo de aquellos proyectos que potencian la formalidad empresarial, los volúmenes de producción, la productividad y competitividad; igualmente, las grandes inversiones privadas generan empleo, transferencia de tecnología y valor agregado a sus alianzas con pequeños productores.

En Colombia aún no hemos logrado propiciar los incentivos necesarios que motiven ampliamente la inversión directa a gran escala en proyectos productivos.

Ello ocurre no solo por restricciones jurídicas del uso de la tierra, sino también por la carencia de beneficios tributarios que seduzcan con fuerza la realización de este tipo de proyectos. Es claro que para remover dichas limitaciones estructurales se tendrá que recorrer un largo camino lo cual tardará muchos años.

Afortunadamente, existen instrumentos de inversión indirecta del mercado de capitales que permitirían de una manera mucho más rápida y efectiva atraer masivamente grandes capitales hacia el agro.

En esa dirección, una magnífica alternativa son los fondos de capital privado-FCP. Estos son vehículos que agrupan inversionistas para compartir riesgos y conocimiento, con el fin de realizar grandes inversiones en empresas no inscritas en bolsa y proyectos de mediano y largo plazo.

Es un mecanismo de tipo fiduciario, estrictamente regulado y vigilado por la superintendencia financiera, en un esquema que le exige a los fondos contar con un gestor profesional idóneo para cada una de las inversiones.

En ese mismo sentido, los fondos participan de los gobiernos corporativos de las empresas y proyectos en que se invierta.

En Colombia los FCP empezaron en 2005, alcanzando a la fecha compromisos de capital por US$14.105 millones, los cuales se concentran en un 98% en fondos de infraestructura, inmobiliarios y capital privado de adquisición y crecimiento. Los recursos destinados a la agricultura, agroindustria y forestales difícilmente alcanzan el 1%. Para fomentar los FCP del agro es preciso que el gobierno empiece a enviar señales contundentes que generen confianza a los inversionistas; lo cual lograría, si decidiera activamente ejercer como un socio líder de los fondos.

Esa sería la mejor forma de contrarrestar la típica prevención de que es objeto esta clase de inversiones, no obstante sus evidentes y altas rentabilidades. Muchos inversionistas institucionales, al estar distantes de las actividades del campo y tener poco interés en estudiar sus oportunidades, las descartan con gran facilidad.

Así las cosas, la mejor forma de promover los FCP del agro, es a través de la inversión sistémica del gobierno en estos fondos, aportando también su conocimiento desde la misma estructuración y selección de los gestores profesionales.

El gobierno ha de ser el inversionista ancla de los FCP del agro, fortaleciendo el Fondo de Capital de Riesgo-FICR que creó en 2007 con ese objetivo, pero que escasamente tiene recursos por 76.060 millones de pesos y sólo invierte 17.933 millones de pesos en un fondo forestal. En esa misma línea, el Gobierno debe propiciar que se canalicen hacia los FCP, recursos provenientes de los fondos de fomento, desarrollo social y ambiental que existe en el país. Del mismo modo, podría invitar como socios, a los organismos multilaterales.

Además se requiere del compromiso de aquellas instituciones privadas del país que tienen políticas de inversión de mediano y largo plazo, como es el caso de los fondos de pensiones. Estas organizaciones están llamadas a ser coherentes con lo que declaran en sus principios de responsabilidad social corporativa, lo cual se evidenciaría con el hecho de participar decididamente de los FCP del agro, dándoles una especial preferencia. Esto sería algo simple para los fondos de pensiones, pues con certeza, sus inyecciones de capital representarían valores y riesgos ínfimos dentro de sus enormes portafolios.

Los fondos de capital privado pueden ser la gran panacea para jalonar la inversión en el agro pero se requiere un compromiso verdaderamente serio del gobierno y las organizaciones privadas pertinentes.

Ex presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia