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De inconstitucional e ilegal, calificó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, un proyecto de decreto que regula la operación de la Adres, la especie de banco de segundo piso que empezó a manejar los recursos que antes estaban a cargo del Fosyga.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene vida desde el primero de agosto, pero el Ministerio de Salud estimó que se requiere definir algunos aspectos de su funcionamiento por la vía de otra norma, la misma que ahora es motivo de controversia, no solo con los antioqueños, sino con las regiones.
Y en uno de sus apartes establece que se centralicen en este mecanismo de gestión todos los recursos que fluyen con destino al aseguramiento en salud –tanto en el régimen contributivo como subsidiado–, con el fin de poder tener mayores controles.
Carlos Arango, asesor en salud de la Federación Colombiana de Departamentos, reconoce que el texto estuvo publicado entre marzo y mayo y no recibió observaciones. Pero luego, al ser citados los secretarios seccionales de Salud y de Hacienda para analizarlo, hallaron varias posibles afectaciones a sus intereses, que por demás, vulnerarían la autonomía de las regiones y el principio de descentralización que pregona la Carta Magna.
Por ejemplo, no queda claro si allí irían los excedentes que las regiones no utilizan cada año y que normalmente han usado para cubrir tratamientos que no están dentro del plan general de beneficios en salud del régimen subsidiado.
Igual ocurre con los rendimientos financieros de las inversiones que hagan las Gobernaciones.
“Habría que dejar claro que estos son de los departamentos y se quedan allí, que no los van a coger del nivel central”, aclara Arango.
Por otra parte, el proyecto original, según Arango, propone tomar para el Adres un 50% de las rentas que obtienen por licores, juegos de azar, cerveza y cigarrillos.
De acuerdo con Arango, ya han tenido dos reuniones con expertos del Minsalud en las que les han expresado las objeciones y la actitud ha sido receptiva.
Ahora esperan que estas sean incluidas y que les dejen conocer el texto final antes de que entre en vigencia.
Otro frente en el que trabajan los departamentos es en establecer cálculos sobre cuánto dinero estaría en juego, pues actualmente no lo saben.