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Hace 30 años Chile hacía historia: Augusto Pinochet, uno de los dictadores más feroces de América Latina cedía el mando, tras 17 años en el poder, al presidente Patricio Aylwin y daba paso a la reconstrucción de una democracia modelo que hoy es cuestionada.
“No son 30 pesos, son 30 años”, es uno de los reproches más escuchados tras el estallido social que remece Chile, en referencia al descontento por el alza del pasaje del metro que debajo escondía una furia social nutrida por la indiferencia en temas sociales por las tres décadas de gobiernos demócratas cristianos, socialistas y de derecha.
Pero en octubre todo cambió. La rabia contra las desigualdades creadas por un modelo de economía abierta puso en jaque la estabilidad de un país que se creía a un paso del primer mundo y que ahora intenta salir de su peor crisis con un referéndum en abril que decidirá si se aprueba o no una nueva Constitución que reemplace la aprobada en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) por otra que reconozca mayores derechos económicos y sociales para sus casi 18 millones de habitantes.
Fue gracias a esa Constitución que se modificó de raíz lo que había sido la educación pública en Chile hasta los años 1970, se privatizó gran parte de la salud y las pensiones.
La semana pasada el presidente Sebastián Piñera consideró que estos 30 años de democracia fueron un periodo “fecundo”, en el que ocho millones de personas abandonaron la pobreza, para dar paso a una amplia y pujante clase media. Pero también reconoció graves omisiones que hoy duelen “en el alma de nuestra nación”.
LA DESIGUALDAD
Antes de la dictadura, Chile tenía una educación pública sólida. Cada vez menos alumnos asisten a colegios públicos. La mayoría de la clase media prefiere los mixtos o subvencionados y desde 2016 se puede acceder gratis a la universidad. Antes, los estudiantes debían recurrir a créditos.
En 2010, Piñera se convirtió en el primer mandatario egresado de un colegio privado. Todos sus antecesores, recordaban con orgullo haber sido educados desde primaria hasta la universidad en un sistema público y gratuito.
“Ese derrotero se cortó con la dictadura. Se inició un proceso de privatización que para ser justos es algo que la dictadura inició pero que se perpetuó durante los gobiernos democráticos”, dijo Gonzalo Muñoz, profesor universitario.
La OCDE considera que “Chile ha demostrado un impresionante compromiso con el mejoramiento de la educación desde que el gobierno democrático llegó al poder en 1990”, con un acceso mejor que otros países de América Latina pero con una deuda en calidad y una alta desigualdad.
En la calle la percepción es distinta y desde 2006 se reclama “educación pública, gratuita y de calidad”.
SALUD COSTOSA
Tiene mala prensa como en muchos países, pero el sistema de salud chileno cuenta con una arquitectura bien organizada e índices superiores al promedio de América Latina.
La mortalidad materna se redujo considerablemente y se logró cobertura universal del parto.
Un centenar de enfermedades tienen también garantía de atención. Pero buena parte de la clase media paga aseguradoras privadas (18% de la población), que son muy costosas.
Con un salario mínimo que ronda los 400 dólares, Chile es el tercer país de la OCDE con el gasto más alto por persona en salud, sobre todo por el costo de los medicamentos, hasta 60% más caros que en Argentina.
Sylvia Serrano, pediatra de 66 años, considera que sí hubo avances globales en este período. “En estos últimos 40 años la calidad y formación médica ha mantenido un buen nivel, se han hecho planes de cobertura de enfermedades catastróficas y para la tercera edad que siguen ejemplos de países desarrollados, pero el problema es de percepción de la calidad”, apunta.
SISTEMA DE PENSIONES
Dos años después del golpe de Estado, economistas posgraduados en la Universidad de Chicago convencieron a Pinochet de poner en práctica políticas de shock. Así, mientras se aplicaba una represión brutal, que se saldó con 3.200 muertos y desaparecidos, se instauraban también las bases de un modelo económico en un país sin sindicatos, parlamento ni prensa opositora.
Una de las reformas más controvertidas de la dictadura fue un nuevo sistema de pensiones, que estableció –por primera vez en el mundo– la capitalización absolutamente individual, con la promesa –al año 2020– de alcanzar una pensión del 100% del último salario.
Pero cuando recién comienza a jubilarse la primera generación que se acogió al sistema, la mayoría recibe menos del 40% y la exigencia de acabar con este sistema es uno de los reclamos que más se escucha en las calles.