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La reciente ratificación de Astrid Álvarez como presidenta del Grupo Energía Bogotá (GEB) hasta el 30 de diciembre del 2021 por parte de la Junta Directiva desató la polémica en el sector público de la ciudad.
La razón, a pocos días de entregar su cargo, en la última sesión de la junta directiva realizada hace una semana, se decidió aprobar, no por unanimidad, una propuesta para mantener en el cargo a Álvarez por 24 meses más y a partir del próximo 1 de enero de 2020.
Portafolio pudo establecer, que con la ratificación de Álvarez, a la nueva alcaldesa de Bogotá Claudia López no le quedará más camino que dejarla en el cargo ya que de hacer lo contrario, la indemnización le saldría muy alta a las arcas del Distrito.
Al indagar con voceros del GEB sobre el tema, estos afirmaron que la Junta Directiva ratificó a Álvarez debido a su buena gestión y resultados.
Incluso fueron más allá al indicar que el proceso fue público, se realizó con base en el acuerdo de accionistas y bajo las normas que rigen el gobierno corporativo.
“Nada fue a escondidas, ni a última hora”, subrayaron.
Y agregaron que las normas de gobierno corporativo “buscan precisamente evitar que lo político tenga ingerencia en el manejo de la empresa. Darle más participación a los minoritarios e independientes”.
Sin embargo, llama la atención, que la ratificación de Álvarez, por ser la GEB una organización listada en bolsa, no ha sido informada a través de información relevante de la Superintendencia Financiera.
Lo único claro hasta el momento es que la reasignación de Álvarez sigue generando polémica, y el tema se deberá clarificar una vez la nueva alcaldesa, Claudia López, asuma funciones.