¿Exministro Arias, perseguido político?

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un dictamen a favor del exministro Andrés Felipe Arias y en contra del Estado colombiano en el marco de un proceso iniciado en agosto del 2014. El exministro Arias demostró ser víctima de una violación de sus derechos constitucionales y legales al amparo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Colombia en octubre de 1969, el cual entró en vigor en marzo de 1976.

La Corte Suprema de Justicia le impartió al exministro Arias la muerte civil al condenarlo a 17 años y 5 meses de prisión y a la exorbitante multa de 30.800 millones de pesos por los supuestos delitos de peculado y celebración de convenios de cooperación científica y tecnológica con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, sin el cumplimiento de los requisitos legales. El alto Tribunal dispuso, asimismo, su muerte política al establecer la interdicción de sus derechos por el mismo tiempo de la pena carcelaria y la inhabilitación permanente para el ejercicio de funciones públicas, sentencia contra la cual dispuso no procedía recurso alguno.

La persecución política contra Arias probablemente comenzó a finales del 2006, fecha en la cual se realizó una sesión del Consejo Superior de Comercio Exterior que preside el Jefe de Estado en la Casa de Nariño, al cual asisten los Ministros del área económica. En esa reunión, el presidente Álvaro Uribe Vélez manifestó que era necesario preservar el legado de su gestión y soñar con la celebración del bicentenario del año 2019. Para ello, era menester escoger a su sucesor. Uribe señaló entonces a la canciller, María Consuelo Araújo, y al ministro Arias. En pocos meses, la familia Araújo era mancillada públicamente. A comienzos del 2009, en la medida en que el exministro Arias consolidaba su candidatura presidencial al interior del Partido Conservador, se desataba la furia antiuribista y comenzaba la persecución política en su contra, que a la postre se tradujo en el cadalso mencionado y en su solicitud de asilo político en Estados Unidos de agosto del 2014.

El Comité de Naciones Unidas dictaminó que Colombia violó los derechos políticos del exministro Arias al inhabilitarlo de por vida a ser elegido para un cargo público o ser nombrado funcionario oficial. Igualmente, el Comité concluyó que el Estado colombiano violó sus derechos al impedirle que pudiera solicitar una segunda instancia para revisar su sentencia. Considerando que el Pacto de Naciones Unidas es de obligatorio cumplimiento para las autoridades colombianas, el Comité les otorgó un plazo de 180 días para que le informen sobre su adopción, cuyo veredicto deberá difundirse ampliamente.

Dado que la pasada administración hizo lo imposible para garantizar la captura del exministro Arias en Estados Unidos –como en efecto ocurrió– y su extradición a Colombia –aún pendiente de trámite– resulta fundamental que la Cancillería retire la solicitud de extradición para que Arias pueda apelar en libertad su abusiva condena.

Andrés Espinosa Fenwarth

CEO de Inverdies / @aespinosafen

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