¿Transparencia o corrupción rampante?

De acuerdo con el Centro de Competitividad IMD, prestigiosa escuela de negocios con sede en Lausana, Suiza, la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe experimentó una disminución en la percepción de transparencia gubernamental. Colombia, por su parte, evidenció el deterioro más profundo entre los miles de gerentes encuestados en 55 naciones, habida cuenta de que la transparencia declinó 70 por ciento en los últimos diez años.

El Barómetro Global de Corrupción 2017, encuesta de opinión realizada por Transparencia Internacional en 20 países de Latinoamérica y el Caribe sobre experiencias en materia de corrupción, identifica que en Colombia, República Dominicana, México, Perú y Venezuela, los índices de soborno son elevados; en la región existe una apreciación generalizada respecto del ascenso de las coimas; y los gobiernos no luchan decididamente contra la corrupción.

Transparencia Internacional confirmó los resultados de IMD sobre Colombia. Hace una década, el 16 por ciento de nuestros connacionales consideraba que la corrupción había aumentado y 34 por ciento de los encuestados respondía que había disminuido. Diez años después, la percepción es totalmente contraria. El 61 por ciento opina que la corrupción va en aumento, frente al 11 por ciento que piensa lo contrario.

El examen de lo ocurrido en nuestro país corrobora que el deterioro en la aprehensión ciudadana sobre la corrupción se avivó a partir del 2010, especialmente por la tesis gubernamental sobre la necesidad de ‘repartir la mermelada en toda la tostada’, cuyas acciones han hecho carrera en Colombia para explicar las razones por las cuales la corrupción se salió de sus ‘justas proporciones’, sumado a los impresionantes sobrecostos de Reficar, los recobros inmorales del Fosyga y los groseros carteles de la toga y la hemofilia. El Barómetro de Transparencia ratifica que la valoración ciudadana nacional sobre la corrupción impacta, adversa y significativamente, a los tres poderes públicos de nuestro país: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los partidos políticos y los empresarios tampoco salen libres de polvo y paja.

El Barómetro de Transparencia determinó que en Colombia el 20 por ciento de los encuestados que han acudido a hospitales públicos, la Policía o las escuelas públicas, han tenido que pagar por debajo de la mesa para obtener el servicio correspondiente. En menor proporción, el Barómetro registró el pago de cohechos para el trámite de documentos de identidad, acceso a servicios públicos domiciliarios y diligencias ante tribunales de justicia.

De manera complementaria, el examen del Índice de Competitividad Global 2017-2018 del Foro Económico Mundial, nos permite corroborar uno de los fenómenos más perturbadores y preocupantes de nuestro tiempo en Colombia. Hace 10 años, el comportamiento ético de las empresas estaba bien calificado en la posición 32 entre 125 países. En el 2017, la ética del empresariado colombiano se desplomó 81 lugares, al puesto 113 entre 137 naciones evaluadas.

¡Contra la corrupción rampante, se impone la denuncia pública permanente para restaurar la moral ciudadana!