Respeto y enfoque de derechos

La experiencia de conocer muy de cerca la realidad de la discapacidad me da la autoridad para escribir esta nota.

La población con discapacidad quiere que se supere la visión compasiva que algunas familias y personas mantienen sobre quienes enfrentan esa circunstancia. Desea que la discapacidad sea vista como una situación de vida y no simplemente como una enfermedad. Comprende que instituciones privadas recojan dineros para desarrollar centros de rehabilitación, pero no entiende que se exponga su condición con lástima, como pretexto para recaudar esos recursos económicos.

Dicha comunidad quiere respeto para ser incluida en la sociedad y no ser discriminada o estigmatizada. No desea que se le vea en campañas masivas de comunicación como sujeto de caridad, sino como sujeto de derechos y se le reconozca su condición de seres humanos en igualdad de condiciones a cualquier otro ciudadano.

La población con discapacidad pide libertad y autonomía. Quiere amor y comprensión de su familia, trato digno, y el apoyo de la sociedad para construir su camino en este devenir terrenal. Quiere integrarse a la comunidad y serle útil. Esta población sabe que tiene derechos y está dispuesta a asumir sus responsabilidades.

Lo que pide es igualdad de oportunidades. Para estudiar, para aprender, para recrearse, para compartir, para trabajar, para tener amigos, para conocer y ser conocido, para amar y ser amado, para acertar, para cometer errores, para perdonar, para ser perdonado. Y sí, claro, como cualquier otro ciudadano, quiere buenos y oportunos servicios de salud. Igual, desea accesibilidad a los demás servicios y lugares públicos, para recibirlos bien y con calidad.

Antes que campañas masivas de comunicación para recoger dinero, prefiere la colaboración en una gestión efectiva ante la Alcaldía de Bogotá y las autoridades de movilidad de la ciudad, para que corrijan el error que cometieron en los pliegos de condiciones del Sistema Integrado de Transporte, en los que no tuvieron en cuenta sus necesidades.

 

Esa sí sería una ayuda que serviría de ejemplo ante el país para que la sociedad colombiana avance hacia convertirse en una comunidad inclusiva, que respeta la diferencia y las necesidades de sus distintos grupos poblacionales. Más ciudades habilitadas que centros de rehabilitación.

De acuerdo al Censo del 2005, la población con discapacidad representa el 6,5 % de la totalidad de ciudadanos de este país. Existen quienes consideramos que esa cifra está subvalorada y que podría llegar a los niveles de 10%, como ocurre en otras naciones. Más de 2,8 millones de personas que podrían ser cuatro. Entre ellas, las hay con dificultades físicas, sensoriales o cognitivas. Todas tienen diferentes habilidades y capacidades.

 

Descubiertas o no, deben ser reconocidas y desarrolladas para que esos millones de ciudadanos puedan educarse mejor, insertarse en la sociedad y disfrutar una vida con la mayor plenitud posible.

Quisiéramos que el Estado avance más rápido en el cumplimiento de los derechos constitucionales y la aplicación de la convención mundial sobre la población en situación de discapacidad. Pero a la par, se debe cambiar el paradigma de la sociedad hacia un enfoque de derechos, alejado de aquel paternalista, lastimero y en ocasiones de rechazo, que prevaleció por mucho tiempo sobre las personas en dicha condición.

 

Todas ellas merecen el respeto de sus derechos humanos, que se debe materializar en la plenitud de su inclusión social. El Estado es el responsable, pero no podemos olvidar que todos somos parte de este y nuestro aporte más significativo se inicia desde las propias familias, con el reconocimiento y el respeto de las personas en condición de discapacidad.