Argentina: el hijo pródigo regresa al FMI

En la opinión pública argentina, acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) está asociado al recuerdo de severos ajustes económicos, máxime tras los discursos independentistas con los que el presidente Néstor Kirchner defendió el pago anticipado de la deuda con ese organismo en el 2005.

De acuerdo con el informe del Fondo, el déficit argentino en cuenta corriente pasó del 2,7 por ciento en el 2015 –cuando asume la presidencia Mauricio Macri– al 4,3 por ciento en el 2017; el déficit fiscal subió del 5,9 al 6,9 por ciento, y la deuda externa saltó del 28,3 al 36,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Previo al cumplimiento de condiciones precisas como la reforma del Indec –la entidad a cargo de las estadísticas, que la opacidad de sus cifras le había hecho perder credibilidad–, el FMI ha aprobado un crédito por 50.000 millones de dólares (que podría ascender hasta los 60.000 millones de dólares), e incluso ha considerado la posibilidad de agilizar el desembolso de los tramos. El préstamo, que se utilizaría para refinanciar la deuda argentina hasta el 2021, solo abonaría intereses y le permitirá endeudarse en los mercados financieros privados.

Debido a los severos desajustes macroeconómicos que vive Argentina, ni siquiera el anuncio del rescate por parte del FMI ha generado confianza en los mercados. Aunque el gobierno logró superar la incertidumbre acerca del mercado de bonos del Tesoro, la población sigue apostándole frenéticamente al dólar para protegerse de la devaluación, con lo cual únicamente logra agravar el síndrome del que pretende huir. Para tratar de contener el problema, el Banco Central subió la tasa de interés hasta 60 por ciento, pues el peso argentino se había devaluado en 13,52 por ciento en tan solo un día.

Las medidas ordenadas por el Fondo exigen reducir en 1,5 por ciento el déficit fiscal primario respecto del PIB, y del cumplimiento estricto de esta meta dependerá el desembolso de las futuras cuotas. Para lograrlo, el país gaucho se comprometió a reducir los subsidios a la energía y el transporte en 48 por ciento,las transferencias a las provincias se disminuirán en 75 por ciento, y la inversión en 81 por ciento.

Además, se exigió liquidar el fondo existente para hacer frente al pago de pensiones, y se exigió el regreso del impuesto a las exportaciones, que había sido eliminado, se han fusionado diez ministerios y desde el 2015 se han despedido 33.704 empleados públicos.

Esta coyuntura de inestabilidad económica esta alimentada por la confrontación política: la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández, atiende cinco procesos en su contra. Como podría ser candidata en las próximas elecciones presidenciales y cuenta con un respaldo de 30 por ciento en la opinión pública, su enjuiciamiento es visto por los peronistas como una acción orientada a bloquear sus opciones políticas, al tiempo que el gobierno atribuye la semilla de la actual crisis del país a las políticas de expansión fiscal sin soporte, adoptadas en los tres gobiernos kirchneristas.

Profesor, U. Nacional y Externado

beethovenhv@yahoo.com

Con colaboración de Elkin Suarez