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Consulta previa, tarea ineludible

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El Gobierno Nacional ha solicitado a la Corte Constitucional extender los dos años que dicho tribunal concedió para presentar el Código de Minas, pues ha tenido grandes dificultades en la consulta con las comunidades étnicas.
Cabe recordar que la Ley 1382 de 2010 fue declarada inexequible en mayo del 2011, justamente porque no hubo consulta con las comunidades afrodescendientes y minorías étnicas, y similar decisión tomó frente a la Ley Forestal, por la misma razón.
María Isabel Rueda ha calificado esos fallos como populismo jurisprudencial y considera que las consultas han generado lucrativos negocios individuales y mafias de asesores; y que dichas consultas frenan las obras y la promulgación del Código de Minas, la Ley General de Tierras y la reforma de las CAR.
También recuerda los 92 compromisos con las comunidades indígenas y 102 con los afrodescendientes que están incluidos en el Plan de Desarrollo.
Justamente, una ley para reglamentar las consultas previas a su vez deberá estar precedida de consulta previa, como establece el convenio 169 de la OIT, que Colombia ha ratificado.
El periodista Felipe Zuleta toma el ejemplo de las obras de la vía Cali-Buenaventura, paralizadas por una consulta, que a su juicio no debía detener dicha obra y atribuye la demora de los proyectos al hecho de priorizar los aspectos ecológicos. Sostiene, además, que hay avivatos de ambos lados, unos buscando hacer obras sin cuidados ambientales y otros lucrándose de las consultas.
En la otra orilla, César Rodríguez, miembro de Dejusticia, sostiene que por descoordinación en el Gobierno se desperdiciaron los 2 años que concedió la Corte para promulgar el Código de Minas, y destaca la experiencia del Decreto Ley sobre víctimas indígenas que sí resultó exitosa.
El mismo autor atribuye a incompetencia, falta de voluntad política y constante rotación de funcionarios el hecho de que el Gobierno no haya aprovechado los 15 años que han transcurrido desde la advertencia de la Corte sobre la represa de Urrá para profesionalizar los procesos de consulta, fortalecerlos con protocolos claros, presupuestos adecuados y funcionarios especializados.
Una tutela fallada por el Tribunal de Pasto, obliga al Gobierno a realizar consulta previa con las comunidades afrodescendientes que cultivaban palma, pues el uso del herbicida Master, que contiene arsénico para eliminar la pudrición del cogollo, generó la muerte de animales, afectó otros cultivos y causó enfermedades a la población. Los indígenas cuestionan el hecho de que, mientras los grandes productores pudieron usar retroexcavadoras, las comunidades no fueron consultadas sobre la metodología a aplicar.
Por su parte, el Ministro de Agricultura ha solicitado a la Corte Constitucional, que seleccione dicha tutela para revisión, ya que considera que hacer obligatoria la consulta en el contexto de una epidemia podría poner en riesgo la seguridad alimentaria del país.
Beethoven Herrera Valencia
Profesor de las Universidades Nacional y Externado
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