El presidente Santos acaba de afirmar que no se ha aprobado ejecución o construcción de un hotel de lujo en el Parque Tayrona, y que aun si la propuesta estuviera sobre la mesa “habría que consultarla con los líderes espirituales y administrativos de las comunidades indígenas (...) requiere el visto bueno de los mamos, pues hay un compromiso con ellos en este sentido”.
La aclaración llega después de las protestas de los indígenas, con quienes el Presidente se reunió el día de su posesión, en el sentido de que en el Parque Tayrona no deben adelantarse proyectos como el mencionado.
Por su parte, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, advirtió que “no habrá hotel en el Tayrona sin consulta previa a los pueblos indígenas” y agregó que “si la firma que había solicitado información al Ministerio va a iniciar algún trámite deberá someterse al proceso de consulta previa antes de solicitar la licencia ambiental”.
Además, advirtió que hay informaciones de que los socios del proyecto son personas implicadas en el escándalo de Agro Ingreso Seguro.
En pasada ocasión la Corte Constitucional declaró inexequibles la Ley Forestal y el Código Minero, en razón de que no se realizó la consulta con las comunidades, tal como lo establecen el Artículo 330 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia. Asimismo, se han expresado dudas acerca de una carretera que está construyéndose en Urabá, que pasa por resguardos indígenas.
En Perú, los Decretos Legislativos 1015 y 1073 autorizaban la explotación económica en la Amazonia peruana, pero generaron graves protestas que causaron la muerte de 34 personas entre policías y nativos, en Bagua, y tuvieron que ser derogados. En Bolivia los indígenas se oponen a una carretera –ya en construcción– que a su juicio afectará la biodiversidad de la zona: una marcha indígena de varias semanas llegó a La Paz, al tiempo que la Asamblea Plurinacional, que ejerce las funciones legislativas, sancionaba una ley que ordenaba al Ejecutivo suspender las obras de la carretera.
En un proceso de consulta participan los voceros reconocidos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, el Ministerio del Interior debe certificar la existencia de dichas comunidades en la zona del proyecto y los organismos de control (Defensoría del Pueblo, Procuraduría y personerías municipales) vigilan el proceso. Por su parte, las autoridades ambientales aprueban y vigilan la aplicación del Plan de Mitigación Ambiental y las autoridades departamentales y municipales hacen el acompañamiento y seguimiento.
El Director del DNP ha estimado en dos mil millones de pesos el costo de un proceso de consulta previa y el Codirector del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano, propuso la creación de un impuesto a las empresas contaminantes.
BEETHOVEN HERRERA VALENCIA
PROFESOR DE LAS UNIVERSIDADES NACIONAL Y EXTERNADO
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