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Estados Unidos, incertidumbre migratoria

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En el 2011, Obama lanzó un programa de acción diferida con un permiso de dos años, dirigido a inmigrantes indocumentados menores de 30 años que hubieran ingresado a Estados Unidos antes de los 16, renovable bajo ciertas condiciones. Adicionalmente, desde el 2013 se inició la legalización de inmigrantes indocumentados que quieran mantener su núcleo familiar en Estados Unidos.
Posteriormente, en noviembre del 2014, Obama firmó la Ley de Inmigración para legalizar a más de 5 millones de inmigrantes, y se estima que estas medidas podrían generar un crecimiento adicional del PIB estadounidense de 0,4 a 0,9 por ciento en una década. Varias compañías de tecnología promovieron esas medidas para obtener mano de obra calificada que apoye varios procesos productivos, de modo que la reforma migratoria podría generar un círculo virtuoso para Estados Unidos.
Sin embargo, en febrero del 2015, Andrew Hanen, juez federal de Texas, suspendió la acción ejecutiva migratoria que debía entrar en vigor en mayo de este año, por considerar que Obama no cumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo, que obliga a la Casa Blanca a ofrecer un periodo de notificación y comentarios más largos antes de actuar.
Un total de 26 estados se han opuesto a la medida presidencial, y, entre ellos, el más afectado es Texas, por ser territorio fronterizo con México y punto clave para el ingreso al país. A esta oposición a las reformas también se sumaron, con una declaración de carácter legal, 65 miembros de la Cámara de Representantes y tres senadores, todos ellos republicanos, en apoyo a los estados demandantes.
Esta situación de incertidumbre afecta la aplicación de la norma para los padres indocumentados que han tenido hijos en Estados Unidos y deja en suspenso la ampliación del programa de protección de inmigrantes sin documentos que llegaron al país cuando eran niños, conocidos como Dapa y Daca, respectivamente.
De otra parte, Obama ha recibido el apoyo de una docena de estados, y de los gobiernos de grandes urbes como Nueva York o Los Ángeles, que sostienen que la regularización de los indocumentados les permitirá aumentar sus ingresos, gracias a los impuestos que pagarán estos nuevos residentes legales.
El pasado mes de marzo, Obama presentó la apelación contra la suspensión decretada por el juez Hanen, acompañada de un recurso de emergencia para desbloquear temporalmente las acciones ejecutivas y aplicarlas en los estados que no apoyaron la demanda contra las medidas mencionadas: cinco millones de inmigrantes indocumentados podían beneficiarse con esta medida administrativa de Obama, pues se deberían detener las deportaciones.
Dado el control republicano de las dos Cámaras y el nivel de confrontación política que acompaña el inicio de la campaña presidencial, es improbable que se produzca una legislación migratoria de alcance federal.
Y la incertidumbre legal sigue.
Beethoven Herrera Valencia
Profesor, U. Nacional y Externado
beethovenhv@yahoo.co
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