El avance de los independentistas flamencos en Bélgica, la consulta sobre independencia propuesta por las autoridades catalanas y el acuerdo entre el Reino Unido y Escocia, que traspasa al parlamento escocés la facultad de organizar en el 2014 un referendo sobre la independencia, pueden conducir a una situación inédita de Estados nuevos, cuya pertenencia a la Unión Europea (UE) plantearía problemas jurídicos sin antecedentes y podría estimular a otros separatistas. Además, en el norte rico de Italia y en Baviera, al sur de Alemania, se observan tendencias similares.
Los separatistas flamencos avanzaron en las elecciones locales y provinciales recientes, alcanzando la alcaldía de Amberes, ciudad de la mayor importancia económica, derrotando al partido socialista de Patrick Janssens.
Pese a considerar que Escocia, unificada con Inglaterra desde 1707, estaría mejor con su actual status, el primer ministro Cameron aceptó el referendo, confiando en que los independentistas, que solo logran 35-40% en sondeos, pierdan la consulta.
Por su parte, los escoceses consideran que los campos petroleros del Mar del Norte colocarían a Escocia en un lugar destacado, pues, además, tiene perspectivas para desarrollar energías renovables. Si triunfan los independentistas, Inglaterra deberá aprobar el ingreso a la UE, pero podría vetarlo para no estimular procesos similares.
Hay contradicción acerca del status jurídico de los nuevos estados, ya que en los tratados europeos no hay ninguna disposición al respecto; y mientras el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao, afirma que un miembro de la UE que se separe quedará automáticamente por fuera, su vicepresidenta, Viviane Reding, estima que serían miembros de hecho.
Esta situación ha generado una aguda controversia jurídica. Mientras Jordi Matas Dalmases, profesor de la Universidad de Barcelona, afirma que si el proceso de secesión ocurre por medios democráticos, el nuevo Estado sería miembro, ya que tendría ciudadanía y no podría ser despojado de la misma. En la orilla contraria está Pascal Delwit, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Bruselas, y los profesores Gante Guillaume Van der Loo y Merijn Chamos, quienes aseguran que los habitantes tienen ciudadanía europea por ser miembros de un Estado miembro de la UE, pero que la perderían si abandonan dicho Estado (Martín Pérez, El Tiempo, octubre 15/12).
En el marco de ese mismo debate, Jennifer Jackson-Preece, especialista en derecho europeo del London School of Economics, plantea que, según el derecho internacional, la cuestión es saber si los dos estados derivados del actual Reino Unido serían sucesores herederos de todos los derechos por la pertenencia a la UE.
Mientras la ruptura de Yugoslavia, diseñada en la Conferencia de Versalles, y los procesos separatistas ocurridos en Africa sucedieron por medios violentos, estamos en presencia de procesos separatistas que se canalizan por medios democráticos. Ello plantea retos jurídicos y políticos novedosos.
BEETHOVEN HERRERA VALENCIA
PROFESOR, U. NACIONAL Y EXTERNADO
beethovenhv@gmail.com