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Guatemala, reparación a indígenas

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En un acto histórico, el presidente de Guatemala, el exgeneral Otto Pérez Molina, ha ofrecido disculpas públicas, en nombre del Gobierno, a 33 comunidades indígenas de ese país por violaciones cometidas durante la construcción de la represa hidroeléctrica de Chixoy, financiada por el BID, que genera el 18 por ciento de la energía de ese país.
En la construcción fueron masacrados por parte del Estado al menos 400 campesinos y miles más desalojados, por negarse a entregar sus tierras para la mencionada obra. Los indígenas afectados se organizaron en la Coordinadora de Comunidades afectadas y las negociaciones comenzaron en el 2010.
El Gobierno de Estados Unidos incluyó a Guatemala en la Ley de Asignaciones Consolidadas, pero condicionó los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial (de las cuales ambos países son miembros), al resarcimiento a los indígenas por parte del Estado. (EFE, noviembre 8 del 2014).
Por esas razones, se acordó que el Gobierno entregará 133 millones de dólares en un lapso de 15 años, y el Estado aceptó adoptar medidas de reparación de viviendas, saneamiento de la salud de los habitantes, además de medidas de dignificación de las víctimas y la recuperación de piezas arqueológicas.
En acto público, celebrado en el municipio de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, el presidente Molina se disculpó por los “atropellos y violaciones” a los derechos humanos de esas comunidades indígenas. Los mencionados hechos ocurrieron hace más de 30 años, y tras la firma de los acuerdos de paz y el retorno de la democracia se comenzó el proceso de investigación de las violaciones a los derechos humanos, aunque persisten graves hechos, en particular a los derechos de los trabajadores y de las organizaciones sindicales.
Llama la atención que se trata de la reparación por los daños causados a una comunidad durante la construcción de una obra de desarrollo energético, y puede sentar un precedente para casos similares.
Y es destacable el hecho de que estas medidas de reparación se hayan adoptado por la condicionalidad que un gobierno extranjero impone como exigencia para aprobar nuevos créditos por parte de las entidades multilaterales.
Por tratarse de un caso que bien puede no ser único, las lecciones son de indudable aplicabilidad a futuro y no es improbable que se repliquen en otros países. Se trata de un reconocimiento por afectación de derechos humanos y económicos, de alcance comunitario, y no se limita a la entrega de dinero, sino que incluye la dignificación de las víctimas y la recuperación del patrimonio arqueológico como contribución al rescate de la identidad de esas comunidades. Y algo notable, la condicionalidad establecida por un Gobierno extranjero para créditos de carácter multilateral.
Se trata, sin duda, de una experiencia novedosa.
Beethoven Herrera Valencia
Profesor, U. Nacional y Externado
beethovenhv@yahoo.com

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