Acaba de entrar en vigencia la ley suiza que permite confiscar fondos ilícitos de dictadores de países 'frágiles' y restituirlos al Gobierno y no a la familia del expoliador.
Aprobada por 114 diputados contra 49 sólo se aplicará en caso de que no haya colaboración judicial entre Suiza y el país de origen de los fondos ilícitos, "siempre y cuando se trate de un estado 'frágil' que no es capaz de recuperar el dinero". La ley establece que el Consejo Federal tendrá un plazo máximo de 10 años para comenzar la restitución, y entre tanto se podrá llegar a una solución 'transaccional'.
La norma responde a las presiones de la Ocde, pero al aplicarse sólo a dinero sustraídos por cleptócratas de Estados frágiles, deja la puerta abierta para la desviación de fondos públicos en países que tienen gobiernos consolidados; con el agravante de que la nueva normativa garantiza el secreto bancario para contribuyentes (incluso extranjeros) domiciliados en Suiza.
Adicionalmente, niega la asistencia administrativa a países que reclamen la transmisión de datos bancarios basados en informaciones robadas: como el Gobierno alemán ha comprado en dos ocasiones a espías informáticos datos sobre ciudadanos germanos que poseen cuentas en Suiza, la nueva ley va a generar nuevas controversias. De otro lado, un acuerdo entre Berna y Washington permitirá transmitir información de 4.500 clientes del banco UBS, sospechosos de evasión fiscal.
El Banco Mundial calcula entre 20.000 y 40.000 millones de dólares el monto de recursos que los funcionarios corruptos sustraen de sus países anualmente, y desde 1986 los centros financieros sólo han devuelto 5.000 millones de dólares en activos. El grupo Global Financial Integrity estima en $150.000 millones de pesos el total de fondos ilícitos depositados en Suiza, y el Gobierno helvético proclama haber devuelto a los países 1.600 millones de dólares.
La banca suiza reintegró 684 millones de dólares al Gobierno filipino, pero se estima que el monto sustraído por Ferdinand Marcos podría estar entre 5.000 millones y 10.000 millones de dólares. En 1997, las autoridades suizas congelaron 5,5 millones de dólares, a petición del Gobierno congolés, pero finalmente el dinero fue entregado en el 2009 a los herederos del dictador Mobutu.
Tras la explosión de la crisis financiera internacional, la Ocde elaboró una lista de 42 paraísos fiscales, y a partir de entonces, tras firmar acuerdos bilaterales de cooperación fiscal, la mayoría de países fueron retirados de esta, quedando sólo 12.
Según François D'Aubert, presidente del grupo de evaluación de la ONG Transparencia Internacional, la lista perdió credibilidad, pues basta que una nación firme acuerdos de cooperación para ser retirado de la misma, lo cual es insuficiente, ya que no hay evidencia de que los bancos van a colaborar eficazmente.
El foro de la Ocde, reunido en Singapur hizo seguimiento al secreto bancario en 8 países (Panamá, Mónaco, Bermudas, Islas Caimán, Botswana, Jamaica, Qatar e India), y les analizó su legislación y el nivel de cooperación fiscal.
Falta mucho para conocer la identidad de los ciudadanos que se ocultan tras las empresas de papel signatarias de las cuentas cifradas en dichos paraísos, a efecto de conseguir que los dineros hurtados sean devueltos, que se impida esta práctica hacia el futuro y que se sancionen penalmente tales conductas.