Tras la derrota del Partido Demócrata en noviembre, voceros radicales del Partido Republicano han anunciado su decisión de revocar la Reforma a la Salud, aprobada en la Navidad del 2009: ningún representante republicano la apoyó en la Cámara y sólo un republicano la votó en el Senado, en una sesión presidida por el vicepresidente Biden, celebrada en Navidad, como no ocurría desde 1895.
Tras la creación del Seguro Social, en 1935, y el MediCare en 1965, todos los intentos de reformar el sistema de salud fracasaron, siendo el más notable la propuesta de Ley de Derechos de los Pacientes, impulsada hace 10 años por Hillary Clinton y resistida ferozmente, como la actual, por las aseguradoras privadas.
Estados Unidos es el país desarrollado con más población por fuera de la cobertura de salud (45 millones) y dicho servicio es muy costoso, en tanto que Europa tiene mayor cobertura, con menor deuda; aunque enfrenta el problema del envejecimiento, el cual sólo podrá paliar con la legalización y afiliación de los inmigrantes. Mientras las aseguradoras y los republicanos acusan a la reforma de ser costosa y afectar la generación de empleo, las sociedades nórdicas tienen un sistema de cobertura universal y son competitivas, más transparentes y más incluyentes, porque la inversión en salud y en educación ha fortalecido su competitividad.
La ley estadounidense declara ilegal negar la afiliación argumentando enfermedades previas, impide el cobro de pólizas exorbitantes por edad, género o salario de los afiliados; y prohíbe retirar la cobertura a un afiliado si se enferma. Aunque la ley entrará en vigencia en el 2014, la extrema derecha inició una campaña de intimidación, afirmando que la nueva ley permite la eutanasia y estimula el aborto.
Es frecuente que los inmigrantes regresen, no sólo a visitar familiares, sino que aprovechan para realizarse tratamientos, cirugías y trabajos de odontología, que no pueden pagar en EE. UU., por sus costos astronómicos.
La nueva ley establece que el Estado subsidiará a las empresas pequeñas para que afilien a sus trabajadores, convierte en conducta sancionable la no afiliación de los empleados en empresas grandes, y aunque no cubre a los inmigrantes, se ha constituido en el más importante logro del presidente Obama. Para obtenerlo, sacrificó la reforma migratoria y esto unido al desempleo generado por la crisis le acarreó un severo costo político. La reforma costará US$851 mil millones en 10 años, suma parecida al monto que Bush entregó a los bancos para salvarlos de la crisis que habían creado por entregar hipotecas a personas sin capacidad de pago, pero los republicanos califican de socialista esta reforma por su costo fiscal.
Clinton generó superávit tras sanear el déficit heredado de Reagan y Bush, y a pesar de la propuesta de Al Gore de canalizarlo al financiamiento de las pensiones, George W. Bush gastó estos recursos y generó un nuevo déficit por las aventuras militares en Afganistán e Irak.
Resulta paradójico que los republicanos, al mismo tiempo que se proclaman defensores del saneamiento fiscal, defiendan la prórroga de las exenciones impositivas a las personas de alto ingreso, lo cual tuvo que ser aceptado por Obama, como pago de factura por su derrota electoral.