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Los TLC y sociedad civil

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El Comité Económico y Social Europeo (Cese), ha creado un comité consultivo conformado por interlocutores institucionales y de la sociedad civil, encargado de evaluar la situación de derechos humanos, el desarrollo sostenible e impactos sectoriales del Acuerdo Comercial Multipartes (ACM).
Esta decisión nació de la misión que el Cese realizó a Perú y Colombia, en el que constataron que diversos actores califican de insuficiente el proceso de diálogo que acompañó a la negociación del Acuerdo.
Este ente consultivo seleccionará las materias objeto de seguimiento, podrá ser consultado por las partes signatarias, emitir recomendaciones y elaborar estudios por propia iniciativa.
Se reunirá una vez al año, tendrá encuentros abiertos con voceros de la ciudadanía, como estableció el Artículo 282 del Tratado, y podrá negociar con las partes el establecimiento de indicadores de impacto sectorial.
En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los componentes laboral y ambiental no fueron considerados dentro del texto, pero al asumir el presidente Clinton adicionó dos protocolos externos al Tratado, incluyendo dichos elementos.
En el TLC de Colombia con Estados Unidos, una reforma impulsada por senadores demócratas obligó a modificar el acuerdo, reforzando los estándares laboral, ambiental y de propiedad intelectual; y aún así, el tratado estuvo seis años a la espera de su ratificación.
La firma del Plan de Acción del 2011, que convino la creación del Ministerio del Trabajo, el fortalecimiento de la inspección laboral, las garantías a los derechos de asociación y negociación colectiva y la penalización de prácticas que impidan el ejercicio de los derechos laborales, permitió que –tras el concepto de Estados Unidos en el sentido de que Colombia estaba cumpliendo los compromisos– el Tratado hiciera tránsito expedito en el Congreso.
El Cese ha valorado la decisión de la UE de establecer evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad, que permitan presentar propuestas y establecer medidas correctivas que maximicen efectos positivos y minimicen los negativos del acuerdo comercial, con participación de la sociedad civil.
Esta organismo considera que los acuerdos comerciales deben favorecer la responsabilidad social de las empresas europeas, ha exigido que se rijan por las prácticas de su país de origen, creen puestos de trabajo de calidad y garanticen la negociación colectiva, al tiempo que recomiendan vigilar de cerca la explotación de los recursos naturales y reducir la economía informal.
Finalmente, estima que el Acuerdo debe contribuir a eliminar las violaciones a los derechos humanos, reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población mas pobre.
Los temas laborales, ambientales y de derechos humanos han adquirido relevancia en los acuerdos comerciales, y la creación de instancias consultivas puede prevenir los impactos negativos, pero, por ahora, carecen de exigibilidad legal, al no estar incluidos en el texto mismo del Tratado.
Beethoven Herrera Valencia
Profesor de las Universidades Nacional y Externado
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