El costo de la reelección

“Cuando un ratón pide leche y le dan, después pedirá galletas”. Esta frase del común es fundamental para comprender los paros que estamos viviendo y que se le avecinan al Gobierno.

Al igual que en el proceso de reelección de Álvaro Uribe, las fuerzas políticas comienzan a definir sus costos y lineamientos de negociación para el mejor postor, donde el Gobierno –que desea continuar– tendrá que pagar mucho más por mantenerse en el poder; la diferencia está en que Uribe tenía una enorme popularidad, pero no una posición negociadora.

Sin duda, el Catatumbo y una gran cantidad de regiones del país han sido olvidadas por el Estado, como lo muestra el informe del Dane, en el cual el 47 por ciento de los colombianos rurales viven en pobreza, pero esto no debe ser entendido como una arma política para definir el terreno electoral. Claramente, el agro ha sido golpeado por muchos elementos como el clima, la pésima infraestructura y las importaciones, pero hay que aceptar la baja productividad que se ha desarrollado debido a la tradicional protección de los sectores, que hoy deberían ser líderes mundiales y se han quedado en modelos de producción de comienzos del siglo XX.

El Estado debe tener una política clara para sacar de la pobreza a los campesinos y desarrollar un fuerte sector agrario, productivo, competitivo y de talla mundial, que sea un enclave estratégico del futuro del país y de la seguridad alimentaria mundial, eso no tiene discusión. Pero lo que hoy se estudia es cómo solventar los problemas de improductividad que se presentan, y financiar el sostenimiento de modelos agrícolas insostenibles.

La pobreza del campo no se arregla con paros ni mucho menos con actos violentos, sino por medio de políticos dispuestos a hacer lo correcto y no enriquecerse en su periodo. Siempre se culpa al Gobierno Central de la pobreza de las regiones, pero poco se habla de la responsabilidad de los alcaldes que se han elegido en el pasado, y que no lograron hacer el acueducto o el tendido eléctrico. Sin duda, el Gobierno Nacional tiene una cuota de responsabilidad, pero no es el único que tiene la solución.

Ahora, la deuda social en infraestructura básica la debemos financiar con recursos de los colombianos, logrando sacar a muchos de ellos de la pobreza, pero también sosteniendo sistemas improductivos de algunos ramos, porque, si bien es cierto que las guerrillas y los políticos están detrás de muchas de estas manifestaciones sociales, lo están también algunos productores que buscan que les financien su falta de competitividad con recursos del erario público.

La agricultura y pobreza rural son temas estratégicos para el país, y requieren soluciones estructurales de una política de Estado y no de negociaciones temporales que le cuestan billones de pesos a los colombianos y no logran soluciones de fondo. Menos, usar a poblaciones vulnerables y vulneradas como peones en un ajedrez político nacional, en el que los medios de comunicación se convierten en amplificadores que benefician a unos pocos.

No podemos permitir que el costo de la reelección de un presidente sea el subsidio de formas improductivas de producción en ningún sector, y no debemos confundir las enormes necesidades de las poblaciones vulnerables con soluciones para favorecer a unos pocos.