No hay mal que por bien no venga

Antes de cualquier análisis, quiero dejar en claro que las vidas perdidas son irreparables, que el dolor de nuestra gente es imposible de olvidar, pero si observamos la situación de manera pragmática, las regiones que han sufrido la tragedia de las inundaciones van a tener una segunda oportunidad que jamás les otorgaría el Gobierno, de no haber soportado tan penosa calamidad.
Aquí se está gestando un Plan Marshall, un gran proyecto de reconstrucción como el que realizó Estados Unidos con los países afectados por la Segunda Guerra Mundial, el cual tenía dos caras: la primera, mostrar cómo ese país y los aliados eran grandes samaritanos preocupados por el bienestar de sus amigos, incluso los derrotados. Lo que se buscaba con estos actos era crear dependencias y reactivar una economía maltrecha, generando empleo y desarrollo al establecer mercados cautivos a sus productos e inventarios que les exportaban a estos, asegurándose nichos y acreedores por muchas décadas.
Hoy, el Ejecutivo está haciendo lo propio. Una gran calamidad la vamos a volver fortaleza, y al estar en esta lucha nos encontramos con algo tan penoso como la catástrofe, nuestros gobiernos regionales, empezando por los que manejan las regalías, se convirtieron en microempresas corruptas con intereses particulares.
De esta manera, Colombia está descubriendo algo que era un secreto a voces, que el centralismo lo estaban usufructuando unas pocas familias en cada uno de los departamentos que contrataban con sus testaferros todas las obras, creando carteles de contratación y develando que no era un hecho aislado el de Bogotá, sino una epidemia que se extendió por todo el país por la ausencia de control y justicia, pues el anterior Gobierno lo permitió con fines reeleccionistas.
Ahora, necesitamos que el gabinete sea ágil y transparente, porque la gente siente la solidaridad nacional, pero no ve los resultados que se pregonan. Están preocupados porque comprenden que quienes se creen los dueños de los recursos nacionales están a la saga de la tajada del presupuesto. Por eso, el Gobierno debe, con el acompañamiento permanente de la Contraloría y la Procuraduría, efectuar una contratación diáfana para que se logre el objetivo de mitigar la pena y reactivar la economía.
Es necesario que se invalide la contratación de los carteles regionales y que sea drásticamente castigada la malversación o el despilfarro de recursos. Esta gran oportunidad, que nace de una catástrofe debe permitir descentralizar la ejecución de las obras para que el empleo llegue a la gente de cada región, reactivando así la economía local. Acabemos, de paso, con los programas asistencialistas populistas y enfoquemos presupuesto en la generación de empleo formal, que incremente valor agregado y crecimiento, para nunca más permitir que sea bandera política el decir que tenemos más de tres millones de personas en Familias en Acción, porque es aceptar que nos ganó la guerra la pobreza y de remate cobrar como triunfo la ignorancia. Espero que al finalizar el primer cuatrienio del presidente Santos, la buena nueva sea que no tenemos más indigentes disfrazados, sino muchos nuevos microempresarios y, por ende, empleados formales, que no cobran simplemente por enviar a sus hijos a la escuela.
Sin estar en la agenda del 2011, vamos a tener la mayor inversión de la historia. Ya no serán los tres billones adicionales que incorporamos para las cinco locomotoras, sino más de 8 billones, para un gran total de 33,2 billones, que si se hace de manera transparente –sin peajes, padrinos ni torcidos–, puede convertirse en el arranque que hemos anhelado por muchos años para disparar nuestra economía, pasando del populismo al pragmatismo del desarrollo social sostenible.