Son preocupantes las medidas improvisadas que viene adoptando el Ministro de Hacienda en el tema de bancarización, sin discutirlas en las comisiones económicas del Congreso.
Si bien es cierto que la mayoría de los partidos y congresistas estamos buscado los mecanismos necesarios para lograr este objetivo, impulsando iniciativas como la de abolir el 4 por 1.000 en la próxima reforma tributaria, compensando sus ingresos con la disminución de exenciones, por ser el más grande escollo del tema, no entendemos por qué el Ministro, de manera arbitraria, quiso imponer a los ciudadanos la obligación de disponer de cuenta corriente o tener relación con entidad bancaria para obtener su RUT. De haberse concertado que dicha utilización no tendría costo para el usuario sería conducente, pero con esta medida bajaría el ingreso real de la mayoría de los colombianos porque para existir laboral y comercialmente se requiere de este trámite.
De ahí que haya tenido que reversar su brillante idea. Buscar la bancarización sólo como objetivo tributario es un error.
La otra reforma que implantó por decreto, para beneficiar al sistema de factoring, bajo la excusa que se encontraba sometido a una doble tributación, debió hacerla no sólo para esta actividad, sino para otras que también lo ameritan.
Beneficiar al sector financiero, que a fin de año generará utilidades cercanas a $10 billones, deja un pésimo sabor, porque contradice la necesidad que manifiesta el mismo Ministro, de quitarle las exenciones y privilegios a sectores que no lo requieren, por representarle al fisco más de $8 billones, que son los que no han permitido reducir el déficit fiscal y realizar la inversión social esperada.
El Ministro no podrá presentar la reforma tributaria estructural que se requiere a corto plazo, por no haber aprovechado la luna de miel del Gobierno Santos. Hoy, en medio de la tormenta internacional que afecta la Zona Euro, de la crisis financiera y de credibilidad de los mercados de EE. UU., no hay un clima promisorio ni prudente para efectuarle este nuevo ajuste fiscal a los colombianos.
Entre tanto, debemos realizar la reforma del Estatuto Tributario para de evitar que funcionarios y ex funcionarios de la Dian sigan interpretando para su beneficio las lagunas de la normatividad.
El Congreso no puede seguir cediendo sus facultades de legislar, al permitir que el Gobierno, a través de decretos, nos siga sorprendiendo –no gratamente– con normatividades que superan las expectativas para las cuales se les otorgaron.
Otro ejemplo es la creación de los tres nuevos ministerios que costarán más de $500 mil millones, como se observa en el Presupuesto Nacional, desbordando los compromisos de austeridad hechos con el legislativo. Estos son los costos que debe asumir el Congreso por girar cheques en blanco.
P.D.: la situación macondiana que estamos viviendo al devaluarse el peso con respecto al dólar, cuando lo que debería suceder es lo contrario, demuestra la irracionalidad del consumidor de divisas de los países emergentes que demandan la moneda americana, cuando es ésta el epicentro de la crisis económica mundial.
Los únicos beneficiados son los especuladores.
Ojalá no vayamos a cometer el error nuevamente de aprobar el presupuesto con supuestos macroeconómicos distorsionados para mostrar un menor déficit fiscal y seguir aumentando la deuda que se está convirtiendo en asfixiante.