Me puse realmente arrozudo cuando vi las imágenes del heroísmo sereno del sargento Rodrigo García.
Como parte de ese momento de popularidad que le abrogó su llanto, el sosiego con que se opuso a que lo echaran de su propio país, se apoyó en un argumento visceral: “esa tierra en que me arrastraron es de todos los colombianos”.
Mire que yo quisiera creerle, sargento García.
Tener la certeza que las tierras del Cauca, así como los 1’141.748 km² de nuestro territorio continental y los 928.660 km² de su área marítima, son de todos. Que podemos dividirlos entre 47 o 48 millones, algo así, y a todos nos toca un pedacito más bien grande, muchas gracias. Pero no es así, mi sargento.
Del territorio colombiano, de un 31 por ciento, el cual pertenece a resguardos indígenas, se quieren apropiar o se han apropiado los agentes más diversos.
Y no es específicamente o de forma reconocida todavía en Colombia, por la vía que denuncia Paolo de Castro, en su libro Hambre de tierras. Es decir, cómo países poderosos están comprando tierra en África y otras partes del mundo (chismorrean que en la Amazonia y la Orinoquia), para garantizar reservas de producción en la difícil era alimenticia que acompañará la del deshielo.
Nicaragua quiere San Andrés, y el mar se roba las playas, porque ya no se puede confiar ni en el agua.
Particulares se apropian de tierras nominalmente invulnerables, como los parques nacionales. Y si no mire lo que acaba de pasar en los Farallones de Cali, en el Valle del Cauca.
Familias prestantes y narcotraficantes, los dos pegaditos, configuraron 2.353 apropiaciones indebidas de esa tierra sagrada para el país-planeta, de una o con el método autóctono: corriendo la cerca.
De acuerdo con la ONU, sargento, no son de todos los colombianos 64.000 hectáreas, las tierras sembradas de coca, que aumentaron con respecto a las reportadas en el 2010.
No sé si la cifra comprenda los corredores de tráfico y exportación, que son defendidos a sangre y fuego por todo tipo de agentes violentos, nutridos económicamente de ese negocio pingüe.
El Gobierno está luchando denodadamente por la tierra. Ha comenzado una estrategia nueva contra los cultivos ilícitos, y está dando la pelea con su programa más ambicioso y significativo, que constituye un acto de justicia y equidad social, pero que lleva implícita una estrategia de guerra.
Grupos élite de la Policía combatirán al cartel antirrestitución, imagínese.
No hay espacio para contarle el debate peliagudo que hay sobre reservas mineras, que han pasado de 21 mil a 21 millones de hectáreas.
En fin, sargento García, las últimas palabras: ¿cómo decirle que ojalá no nos echen del país?
Carlos Gustavo Álvarez G.
Periodista
cgalvarezg@gmail.com