Más sobre acuerdo político y de Estado

La cercanía del final de las conversaciones en La Habana, así no ocurra el 23 de marzo, le ha subido el volumen al debate sobre el mecanismo de refrendación. Muchos foros y conversatorios, al igual que análisis en medios de comunicación, se están dedicando a ese tema, lo cual pone en evidencia no solamente su importancia, sino el interés creciente en el camino que se seguirá para que los colombianos emitan su veredicto sobre los acuerdos de Cuba.

Tal y como es usual en este tipo de controversias, la tendencia apunta a señalar la existencia de dos alternativas. La pregunta que se hace ahora en los más diversos espacios de discusión es: ¿plebiscito o constituyente? Eso no está mal, pero lo cierto es que existen otras opciones que es necesario explorar.

Dirigir la controversia solo hacia la opción de un mecanismo, que bien podría ser declarado como contrario a la Constitución, por parte de la Corte Constitucional, o una constituyente que parecería más un despacho notarial para dar fe de lo acordado, que es lo que plantea el grupo terrorista, no le sirve al propósito de buscar un instrumento idóneo y adecuado.

Ninguno de los caminos que hoy se discuten públicamente es apropiado. El plebiscito no lo es, jurídica ni políticamente. Y una asamblea en la que sus miembros actuarían como una notaría, que se limitaría a poner unos sellos, tampoco lo sería.

¿Qué debería, entonces, hacerse? Pues desprenderse de todas las prevenciones que puedan existir para abocar la tarea de diseñar una herramienta nueva, mediante un gran acuerdo político y de Estado. Lo importante es que lo acordado tenga legitimidad, gracias al pronunciamiento detallado del pueblo. Que pueda ser sostenible, en virtud del carácter legítimo que adquiera como consecuencia de la decisión de la gente. Y que, lo uno y lo otro, sienten las bases para que el desarrollo de lo que se convenga le dé estabilidad institucional al país. Si de verdad se piensa en el futuro ese es el camino.

En este orden de ideas, hay que afirmar que se está frente a una decisión trascendental, cual es la de garantizar que el constituyente primario ejerza la soberanía de la que es titular, conforme a la Constitución Nacional. El Gobierno tiene que contribuir a que así sea, y la oposición democrática también. Lo mismo el Estado como un todo, al igual que las Farc.

Se trata de una decisión verdaderamente nacional que debe llevar a que los ciudadanos digan si aprueban o no el contenido de los acuerdos, e indiquen si quieren que ellos sean desarrollados por un congreso transitorio para la paz o una asamblea nacional constituyente.

Es la hora de avanzar en un acuerdo político y de Estado. El porvenir de la Nación lo reclama.

Excandidato a la Vicepresidencia de la República

carlosholmestrujillog@gmail.com