La discusión acerca de un marco legal para la paz no es nueva en Colombia. En realidad, hace parte de nuestra tradición política y jurídica.
Las leyes o decretos que se expidieron en el pasado permitieron el otorgamiento de beneficios a los que dejaron las armas.
No obstante, siempre se excluyó de ellos a quienes habían cometido delitos de especial gravedad.
La extinción de la acción penal y la pena en el caso de los delitos políticos y conexos fue un mecanismo aceptado, pese a que no estuvo exento de intensos debates.
Nuestra historia legislativa también registra la prohibición de los beneficios mencionados para los culpables de homicidio fuera de combate, secuestro, extorsión, desaparición y desplazamiento forzado, entre otras violaciones a la ley penal.
En esas épocas, se aceptaban la amnistía y el indulto, que tuvieron sustento doctrinario en la teoría del delito político.
Hoy, las cosas son muy diferentes.
Lo que se ha impuesto es la decisión de combatir la impunidad, aplicando la justicia internacional cuando los sistemas nacionales no tengan capacidad para castigar a los responsables de los crímenes más graves de trascendencia internacional o les falte voluntad para hacerlo.
Ahora bien, muchos de los delitos que han cometido en Colombia integrantes de los grupos armados ilegales están en la lista de aquellos respecto a los cuales es posible que la Corte Penal Internacional ejerza su jurisdicción.
Esto significa que pueden ser llamados a responder individualmente ante la CPI desde los autores directos hasta quienes han contribuido “de algún modo” a cometer el crimen.
En esos casos, no importa que se haya adoptado una “decisión nacional con el propósito de sustraer a la persona de su responsabilidad penal”.
Y como dichos crímenes son imprescriptibles, la competencia de la Corte puede activarse en cualquier momento si el fiscal llega a la conclusión de que existe fundamento suficiente para iniciar la investigación.
Que quede claro: cuando el sistema nacional no investiga, juzga y condena a los culpables, incluyendo a los que han contribuido “de algún modo” a cometer el delito, las puertas quedarán abiertas para que lo haga la CPI.
No estamos, pues , frente a una controversia doméstica más. El debate acerca del marco jurídico para la paz tiene una dimensión internacional que debe ventilarse.
Por fortuna, todavía hay tiempo para llegar a un texto oportuno y útil en lo interno, y respetuoso de las obligaciones que Colombia tiene.
De lo contrario, correríamos varios riesgos: 1. Que se apruebe la versión actual y no se haga la paz porque las Farc siguen en sus macabras andanzas; 2. Que se llegue a un acuerdo incapaz de evitar la intervención de la CPI y que, por lo tanto, sea insostenible; 3. Que el desconocimiento de los compromisos internacionales afecte la posición política, económica y comercial del país.
El tema merece más reflexión porque está lejos de ser un asunto parroquial.
Carlos Holmes T.
Exministro y exembajador