Costos del certificado electoral

El país se ha acostumbrado a decisiones de política pública que no se evalúan. Estas tienen costos no contabilizados muy importantes. Un ejemplo son los incentivos para promover que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

La norma existe desde 1997 e incluye descuentos en el costo del pasaporte, disminución en el tiempo del servicio militar, en el pago de matrícula en universidades públicas y por supuesto, la ausencia “remunerada” de medio día laboral.

Esta última solo aplica para quienes tienen algún tipo de contratación formal, bien sea de nómina o prestación de servicios. ¿Cuánto cuesta esto?

En la encuesta Polimetrica (de Cifras y Conceptos), hemos preguntado, en varias ocasiones, cuál es el incentivo más conocido y usado por los votantes. Y la respuesta es que el 13% de quienes participan en las elecciones lo hacen para tener medio día libre remunerado.

Esto implica que entre las tres jornadas electorales de este año se pagaran ¡¡¡7,2 millones de medios días!!!

Si asumimos que los reclamantes de este beneficio ganan, al menos, un salario mínimo, su valor individual será de 29.840 pesos (el costo del salario mínimo en nómina, dividido por 22 días laborales). Esto implica ¡¡¡214.000 millones de pesos asumidos por los empleadores de quienes votan!!!

Los supuestos del cálculo se pueden refinar, pero lo evidente es la existencia de un valor no cuantificado de nuestros procesos electorales.

La decisión de generar estos incentivos nunca contabilizó sus posibles efectos, pues tampoco hay registros del uso del certificado para los otros beneficios.

No podemos tampoco saber si en verdad promueve o no la participación electoral, pues nunca se ha evaluado. Si bien el 40% de los votantes afirman no conocer la norma ni sus incentivos, el 60% sí los conoce y en alguna proporción hace uso de ellos.

El certificado electoral es un ejemplo de las múltiples normas que van colgando responsabilidades a los empleadores, públicos y privados, sin que nadie se pregunte sobre sus efectos sobre la productividad del país.

Disfrutar de una democracia donde hay alternancia de poder y los resultados de los comicios se respetan es uno de los logros de la sociedad colombiana, pero tiene costos: el presupuesto de la Registraduría, la reposición de los votos a los candidatos, la financiación de los partidos, el descuento de pautas en los medios, la franquicia postal y el incentivo de medio día laboral hacen parte del concierto de recursos que como país destinamos al mantenimiento de nuestro sistema democrático.

Bien valdría la pena evaluar si estas normas tienen el efecto esperado en aumentos en la participación política o si, por el contrario, quienes votamos lo haríamos, en su mayoría, aun sin dichos incentivos.