La Emergencia Social

Mucho se ha escrito y discutido el tema en las últimas semanas, de todo lo que he podido leer y sin ser experto en el tema, me quedan las siguientes reflexiones:

Primera, lo más seguro es que la Corte Constitucional la declare inexequible, pues es clarísimo que no existe ningún hecho sobreviniente que justifique su utilización. Hay muchos documentos de universidades, centros de investigación y organismos internacionales de hace 4 y 5 años, que claramente muestran que el sistema como está planteado no es viable.

Todos ellos son de público conocimiento, y por lo tanto, no se puede argumentar que fue apenas en diciembre que los responsables se dieron cuenta. El Gobierno y todos los involucrados saben que se va a caer, pero mientras tanto, se usa para generar hechos jurídicos a plena conciencia de su inviabilidad normativa. Es decir, hacemos una trampita y nos distraemos con ella mientras la Corte nos la tumba.

Segunda, el conjunto de las normas -en eso hay consenso- fueron realizadas de forma improvisada, con muy poca consulta a actores relevantes, son contradictorias, confusas y de muy mala calidad en su formulación. Los consultores involucrados, así como los funcionarios, deben de sentir algo de vergüenza ante la evidencia de sus errores. Claro, debe haber uno que otro de los decretos que se salva, bien concebido y con resultados que pueden ser loables, pero el conjunto de los mismos son un desastre y dejan un gran manto de duda sobre la competencia e idoneidad de los profesionales implicados.

Tercera, se ha argumentado que los usuarios, los médicos y los jueces han abusado de los beneficios del sistema, y que por ello, es necesario establecer controles. Reconozco que se presentan abusos, pero hay un par de actores del sistema que no han sido suficientemente analizados: por un lado, las EPS, que de forma deliberada le niegan a sus usuarios los servicios, para que ellos deban usar la tutela y así, al ser fallada, el costo no va contra su propio balance, sino contra el Fosiga. Es decir, las EPS son las que han propiciado el marco para la intervención de los jueces y el desespero de los ciudadanos. Los otros actores que no ha asumido sus responsabilidades es el Ministerio y la Superintendencia de Salud, quienes deberían vigilar a las EPS y evitar sus abusos con los médicos y usuarios.

Cuarta, el problema no es de escasez de recursos. Se habla de montos oscilantes entre los 7 y 8 puntos del PIB, que hoy, como sociedad destinamos al servicio de la salud. Nunca antes habíamos aportado tanto y la verdad, lo que estamos recibiendo es muy poco.

La razón está en malas decisiones de política pública, en el aumento galopante de la corrupción y la politiquería en el sector y la falta de control a los actores dominantes del sistema. No es más plata, sino buen Gobierno lo que se necesita. Lo primero se puede solucionar con una serie de decretos tramposos que les quiten más recursos a los ciudadanos. Para lo segundo se requiere seriedad, autocrítica y responsabilidad. De eso, en este Gobierno hay poco.