Un muy mal plan

El presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo ha señalado que el Plan tiene "problemas de financiación, de diseños y de mantenimiento".

Por ello, no es ninguna sorpresa que también existan problemas legales en la ejecución de los contratos. De acuerdo con informaciones oficiales, hay 7 procesos de caducidad en discusión; en 18 más ya se decretó el incumplimiento y en otros 5 casos, los contratistas se acogieron a la Ley 550.

El tema fue discutido y sus problemas técnicos fueron suficientemente advertidos. Los gremios se pronunciaron, algunos columnistas manifestamos reparos, pero pudo más el criterio politiquero y clientelista que los argumentos técnicos.

Sólo para recordar, en su diseño inicial, esbozado en el Plan de de Desarrollo se hablaba de 2.500 kilómetros de vías, con un costo aproximado de 2,56 billones y un periodo de ejecución de 4 años.

 La aprobación final, forzada en contra de todas las recomendaciones técnicas, aumentó el volumen de obras a 3.134 km, disminuyó su valor a 2 billones de pesos y estableció que la ejecución se haría en dos años. Una decisión trascendental que se tomó fue la flexibilización del tema de los estudios previos; claro, para adjudicar rapidito todos los contratos se instituyó que no era necesario contar con ellos.

Al final se hicieron menos obras, terminarán siendo más caras (aún no sabemos su costo definitivo) y se demoraron mucho más tiempo en ser culminadas. Todos esos errores saldrán de los impuestos que pagamos.

Para los anales de la historia de las políticas públicas de Colombia, este es un ejemplo de cómo no se deben realizar los proyectos. Sus enseñanzas son básicas, pero vale la pena reseñarlas: los grandes proyectos de inversión deben contar con estudios técnicos que los soporten, lo prioritario no es asignar contratos, sino asegurarse que las obras se realicen.

 En la planificación es necesario estimar tiempos reales y los costos son el resultado de un ejercicio juicioso de planificación. La micro gerencia, puede ser muy rentable políticamente y puede aceptarse para administrar una finca privada, pero cuando se trata de invertir los escasos recursos públicos en obras que pueden contribuir a la mejoría de la competitividad de todo un territorio, siempre es mejor hacerlo con calma, con prudencia y con mesura.

En el pasado gobierno, los técnicos sucumbieron ante la presión de los politiqueros, pero también les cabe una responsabilidad, pues en últimas, nada los obligaba a cumplir órdenes superiores que se sabía eran altamente inconvenientes. Siempre se tiene la opción de retirarse.