El modelo de concesiones

El país debe iniciar una discusión seria y a fondo sobre el modelo de concesiones. No me refiero sólo a los escándalos de corrupción y malos manejos que hoy afloran, y que hasta el momento sólo se señalan para el sector de vías. Se trata de revisar también las mineras, de aeropuertos, puertos, servicios públicos y ferrocarriles. Tengo la impresión de que en todos estos frentes vendrán más escándalos, señalamientos y evidencias de corrupción, despilfarro y politiquería.

Estoy de acuerdo con la idea de permitir la participación del sector privado en la construcción de grandes obras y proyectos de infraestructura o en la explotación de otros bienes públicos, pero no de la forma como se ha venido manejando en Colombia. Hay problemas serios, y no todos se limitan a asuntos de corrupción: el modelo de concesiones está haciendo agua.

Por un lado, vale la pena preguntarnos si el Estado, a lo largo de los últimos 20 años, ha generado la capacidad para diseñar, contratar y administrar concesiones. Allí radica una parte importante del problema, pues hoy las entidades encargadas de estos procesos son débiles técnicamente, la información sobre la marcha de las concesiones no parece cruzarse entre ellas, para advertir a tiempo qué particulares han presentado problemas en la ejecución de sus respectivos contratos.

Un registro centralizado de todos los concesionarios del sector público colombiano, donde esté la composición accionaria, junto con información sobre el valor inicial de la concesión, valor final, cronogramas cumplidos e incumplidos y reclamaciones que han realizado a lo largo del tiempo, sería extremadamente útil. Por un lado, permitiría ver si existe concentración en las concesiones y, si por ello, la capacidad financiera de un privado puede estar comprometida al tener varias.

También podría permitir la comparación en el nivel de cumplimiento y eficiencia de las mismas. Los funcionarios de un sector, servicios públicos, por ejemplo, podrían tener un referente sobre el manejo de la concesión de un proponente en otro sector. Además, esto aumentaría el escrutinio público y las posibilidades de vigilancia por parte de los organizamos de control.

Lo más importante, se puede hacer, no cuesta mucho y sólo requiere algo de voluntad política al más alto nivel. La información de los contratos, auditorías e informes de seguimiento, por su propia naturaleza, son de carácter público. Se requiere diseñar un sistema con variables sencillas que permitan ver el bosque -hoy bastante oscuro- de las concesiones en Colombia.

También se necesita, desde la sociedad civil, gremios y medios, un ejercicio de control sistemático sobre el asunto. Por el monto de recursos comprometidos, las implicaciones económicas (por ejemplo tener una infraestructura deficiente) y, por su puesto, las sociales (distraer recursos y esfuerzos a otros sectores), es vital organizarnos para hacer seguimiento a la marcha de las concesiones.

Modelos como el de Bogotá Cómo Vamos, Transparencia por Colombia y Amazonas 2030, son muestras de cómo se puede hacer seguimiento a estos temas. Por el momento, nadie tiene claro el panorama de cómo marchan las concesiones del país. Sabemos que en varias de ellas hay problemas y escándalos, pero requerimos analizar el tema en su conjunto para encontrar soluciones.