La misma ha sido plasmada tanto en el documento Conpes 3694, como en el Plan Nacional de Desarrollo que está en discusión en el Congreso.
Para los funcionarios y el público visitante a este sector es clara la obsolescencia de las actuales instalaciones, así como su baja funcionalidad.
Los edificios fueron construidos hace más de 30 años y no cumplen con los requerimientos de sismorresistencia vigentes.
Algunos son obras inconclusas, hoy abandonadas y en deterioro. Las aéreas de parqueo son escasas y el espacio público es invadido.
Los datos sobre el actual uso y el potencial aprovechamiento de la zona son concluyentes.
El grueso de los edificios son de 3 pisos, y de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, pueden tener 7; el área construida es de 521 mil metros cuadrados, y puede llegar a ser de 1.884 mil; y hay cerca de 4.300 espacios de parqueadero y pueden llegar a ser 11.800.
Uno de los elementos que esta iniciativa se propone resolver es la incertidumbre jurídica de varios de estos predios.
Conozco el caso de un edificio perteneciente a una entidad que, sin ser dueña del terreno, construyó dos pisos y sobre ellos, el depositario legal construyó un tercero.
Todo ello genera conflictos y discrepancias de interpretación sobre las responsabilidades de mantenimiento, por ejemplo, de las estructuras de carga de la edificación.
En la fase inicial del proyecto se propone clarificar esta situación. Los planes de renovación urbana son una oportunidad no sólo para reorganizar el espacio de la ciudad, valorizar los predios aledaños y hacer usos más productivos de bienes inmuebles.
También implican la inversión de grandes recursos, generan empleo y tienen fuerte impacto en la demanda de gran cantidad de bienes y servicios. Para financiar las obras se abre, de forma adecuada, la participación del sector privado en el proyecto, mediante ‘asociaciones público privadas’.
En la estructuración del esquema de financiamiento y operación podrían tenerse en consideración varias cosas: los impactos en plusvalía que la renovación va a generar.
Primero, el sector de Ciudad Salitre es una de las zonas más valorizadas de la ciudad y es claro que esta nueva iniciativa tendrá un efecto positivo en la zona residencial de la Esmeralda y en las áreas de oficinas y centros comerciales.
Si se trabaja de forma mancomunada con la Alcaldía, con el mecanismo de valorización se pueden recaudar recursos para el proyecto. Segundo, las “alianzas público privadas” deben recoger las lecciones de concesiones mal planificadas y ejecutadas, donde el sector privado no ha puesto recursos de financiamiento ni asumido riesgos, sólo en algunos casos una aceptable gerencia de obra.
Finalmente, sería importante que el proyecto mantenga la propiedad de todos los terrenos y edificaciones en el sector público y no exista la posibilidad de enajenarlos a un particular. En 100 años, ese espacio puede ser la base de otro gran proyecto de renovación urbana.