El ritmo de la gestión estatal

 

Tengo la sensación de que el sector público colombiano está presentando un muy bajo nivel de ejecución e implementación de las decisiones.

Los procesos del sector público normalmente son lentos, pero ahora creo que tienen frenos adicionales.

El Gobierno Santos ha venido planteando un curso de acción que, en términos generales, considero adecuado.

Las políticas públicas anunciadas, el paquete normativo y el tono utilizado me parecen un avance digno de ser felicitado. Pero la implementación de estas buenas intenciones o decisiones está siendo lenta, más allá de lo previsible en un gobierno con claro corte gerencial, con un gabinete de lujo y con cabezas de entidades públicas con reconocida trayectoria.

Esto sucede en el contexto de los escándalos de corrupción del Gobierno anterior y en la administración de Bogotá.

Es positivo que dichas prácticas abusivas del poder se destapen, se investiguen y haya sanciones ejemplares para quienes, abusando de la confianza pública, cometieron actos ilegales. No obstante, y felicitando el activismo de la Contralora, el Procurador y la Fiscal, así como las denuncias realizadas por el Gobierno, pueden estar presentándose excesos en la forma, que no sólo producen incertidumbre y zozobra, sino también ‘inestabilidad jurídica’ para los funcionarios públicos.

Las interpretaciones de la Fiscalía y los jueces, por ejemplo, que tienen hoy en la cárcel a funcionarios de rango medio del Ministerio de Agricultura y la forma como el Procurador General, en el caso de Piedad Córdoba, utilizó las pruebas del computador de ‘Reyes’ sin cuestionar la legalidad de dicha fuente como prueba, son ejemplos de decisiones de los organismos de control que pueden no estar reconociendo que los funcionarios también tienen derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Fue sancionado el Estatuto Anticorrupción, lo que genera una nueva incertidumbre, por la novedad de la norma, y por la forma como los organismos de control y los jueces van a interpretar sus provisiones. El esquema de Altas Consejerías Temáticas que ha desarrollado el Presidente no ha demostrado aún sus beneficios en materia de coordinación de las actividades estatales.

En cambio, sí se escuchan ruidos sobre el papel de algunas de ellas, como una especie de supraministros, sin cuyo consentimiento los nombramientos y otras acciones propias de la administración pública no se realizan. Finalmente, quienes responderán ante el Presidente, el país y los órganos de control son los ministros y directores de entidades, no los consejeros.

En el Distrito, en el IDU, en la DNE y en el Ministerio de Agricultura, por mencionar algunas entidades cuya probidad está en duda, existen cientos de funcionarios honestos, que de forma abnegada realizan su labor de la mejor manera, pero ellos, así como miles en otras entidades, deben estar blindándose al máximo en cada actuación.

Colombia necesita funcionarios, motivados, bien remunerados y orgullosos de su trabajo. Ellos están sometidos al escrutinio de la sociedad y al control de los órganos de vigilancia.

Hoy, muchos están atemorizados, a la defensiva y esto puede estar generando una parálisis en la administración pública.