Una sugerencia a los magistrados

Quiero hacer una reflexión directa a los magistrados de la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura.

En el marco de la discusión de la reforma a la Justicia, sería conveniente una autocrítica frente a un fenómeno que mina la credibilidad y buen nombre de estas instituciones: la odiosa práctica de tener familiares de los magistrados nombrados en altos cargos como en la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y en las dependencias de apoyo de los propios magistrados.

El nombramiento o promoción de sus familiares en dependencias públicas, cuya máxima autoridad haya sido nominada, electa o tenga la posibilidad de ser disciplinada o investigada por los propios magistrados no es ilegal, las actuales normas no lo prohíben de forma explícita, pero sí es claro que por el volumen de casos ya conocidos, esta situación deja una muy mala sensación. De tiempo atrás se han venido publicando informes que dan cuenta del 'roscograma' de la Justicia y, como todos podemos recordar, no se trata sólo de algunos casos aislados.

No entro a juzgar ni dudar de las calidades de los familiares nombrados, pero la reiteración de esta situación es reprochable. Además, si en realidad son personas tan competentes y llenas de méritos laborales, por qué razón no desarrollan su vida profesional en el sector privado, la academia u otros ramos donde la existencia de un tío, esposo, papá o hermano magistrado no sea una excelente 'palanca' para obtener, mejorar o mantener su puesto.

A los congresistas y políticos se les critica cuando hay indicios o evidencia del uso de su poder público para la consecución de beneficios personales. Los magistrados deben ser de conscientes que este 'nepotismo judicial' puede ser una práctica 'legal', pero no es legítima ni digna de sus altas posiciones.

No es razonable ni conveniente mantener esta situación. Sería reconfortante ver, en el marco de la discusión de la reforma a la Justicia, una iniciativa de las propias cortes para reglamentar, con mayor precisión, las inhabilidades y evitar la continuación de esta práctica.

Mantenerla, por el contrario, le quita dignidad a las altas magistraturas e iguala el comportamiento de los jueces que se benefician de ellas, con el de los políticos clientelistas y manzanillos que tenían hijos, esposas y otros familiares en sus propias listas a concejos, asambleas o Congreso hasta que la ley se los prohibió.

No generalizo ni satanizo los casos, pero no son situaciones aisladas y parece constituirse en una práctica recurrente de algunos. En este ambiente de reconciliación institucional, no es sólo en el Ejecutivo donde se deben dar correcciones y producir cambios para redignificar la función pública. Quien es garantía de la aplicación imparcial de la justicia debe dar ejemplo de no abusar de su posición ni beneficiarse. Ser indulgente con este tipo de comportamientos mina su credibilidad y les resta la dignidad propia de sus cargos.

La llamada de un alto dignatario del Estado a un magistrado a preguntar por la situación jurídica de un familiar, aunque pueda no ser ilegal, es igual de incómoda e inconveniente como cuando un juez llama a agradecerle a un alto funcionario el nombramiento de un familiar.