Ley de Competencias: capacidades locales

El desafío es asegurar que las regiones tengan equipos capaces de estructurar proyectos

María del Pilar Amorocho Gutiérrez, gerente general de Sándwich Qbano. Foto: Cortesía

10.10.2025 10:11 Actualizado: 10.10.2025 10:11

Esta divergencia se refleja en la capacidad del Estado. Los departamentos históricamente prósperos cuentan con instituciones más fuertes y mejores servicios, mientras que en el Caribe o el Pacífico persisten rezagos en educación, salud e infraestructura. La pobreza multidimensional en estas regiones duplica la del centro del país, y la informalidad laboral en sus ciudades capitales es entre 20 y 30 puntos más alta que en Bogotá o Medellín.

La descentralización iniciada a finales de los ochenta mejoró la representatividad política, pero produjo ganadores y perdedores en lo administrativo. Las grandes ciudades y los departamentos con mayores capacidades iniciales aprovecharon mejor las transferencias y la autonomía fiscal. En cambio, muchos gobiernos locales de la periferia han enfrentado limitaciones de gestión financiera y administrativa.

El error ha sido aplicar reglas iguales a territorios históricamente desiguales, sin acompañarlas de un esfuerzo real por fortalecer las instituciones locales. Si la nueva Ley de Competencias repite ese camino, ampliará las desigualdades territoriales.

El desafío tiene dos frentes. El primero es fortalecer la capacidad del sector privado para generar empleo de calidad e ingresos, con políticas nacionales explícitas en su objetivo de reducir brechas regionales. El segundo es asegurar que municipios y departamentos cuenten con equipos técnicos capaces de estructurar y ejecutar proyectos que habiliten desarrollo y mejoren la calidad de vida.

En este segundo frente, a menudo se reprocha a las entidades subnacionales que “no presentan proyectos” o que “no saben estructurarlos”. Pero tampoco se ha invertido en una estrategia deliberada de fortalecimiento institucional que lo haga posible.

Cuando se discuta en la Ley de Competencias la destinación del aumento del Sistema General de Participaciones (SGP), debe incluirse un rubro para formar y financiar equipos técnicos, así como destinar recursos a estudios, diseños y saneamiento predial, y establecer reglas que aseguren que estas inversiones se traduzcan en proyectos transformadores. No se trata de que los gobernantes gasten sus limitados recursos propios en la fase de preinversión, sino de que cuenten con apoyo real y permanente para hacerlo con recursos del SGP.

Más que repartir funciones, el reto es sembrar capacidades. La discusión en el Congreso sobre la Ley de Competencias abre una oportunidad. Su éxito no se medirá en el número de responsabilidades asignadas, sino en si logra que los territorios más rezagados tengan las mismas herramientas y capacidades que los más avanzados. Solo así Colombia podrá iniciar un verdadero proceso de convergencia territorial que ha estado históricamente ausente.