Petro, en guerra contra la Andi

En Colombia quedó claro que el verdadero enemigo de Petro no son los grupos armados ilegales, ni la corrupción ni el narcotráfico. Su obsesión es la empresa y la institucionalidad. Mientras abraza a criminales, desata una guerra política y simbólica contra quienes generan desarrollo y sostienen la economía.

El 19 de marzo, Petro publicó un trino delirante acusando a la Andi de racista y esclavista: “Por eso la Andi de Bruce Mac Master, dominada por el sindicato, se lanzó para destruir el gobierno, por literal odio étnico, y a defender el esclavismo y atacar la dignidad de los trabajadores”. Días después, en Zipaquirá, fue más lejos: acusó al gremio de promover la codicia por encima de la vida.

Ese lenguaje no fue gratuito. Actos vandálicos contra la Andi se desataron en más de cuatro ciudades, y no por espontáneos indignados, al parecer, estuvieron liderados por Juan Camilo Villalobos, contratista de la Presidencia. Es decir, el ataque a la institucionalidad se habría originado desde adentro del Gobierno. Para completar, la exministra Susana Muhamad mostró su apoyo a esas asonadas bajo la bandera de la “solidaridad con Palestina”, como si la Andi tuviera algo que ver. La realidad es otra: Petro necesita enemigos porque ya perdió todas sus batallas.

Mientras el Gobierno negocia con disidencias, el ‘clan del Golfo’ y hasta con ‘la Terraza’, dirige su odio contra una institución que durante más de 80 años ha generado empleo. La paradoja es brutal: Petro se siente cómodo con los delincuentes y le declara la guerra al sector productivo.

Entre tanto, el país sangra. Las disidencias perpetran un genocidio contra comunidades indígenas en Nariño y Cauca; el ‘clan del Golfo’ esclaviza a comunidades afro en Urabá y el Bajo Cauca; y el Eln comete crímenes de guerra en el Catatumbo y Arauca. Las cifras son inapelables: atentados terroristas +42 %, extorsión +51 %, secuestros +145 %, en tres años, y más de 700 menores reclutados bajo este gobierno. Según la Defensoría del Pueblo, en 2024 más de 260.000 colombianos fueron desplazados a la fuerza y se registraron 147 masacres. ¿Quién responde?

A esta tragedia se suma la destrucción del sistema de salud. El “shu, shu, shu” de Petro ha generado el cierre de clínicas y el desabastecimiento de medicamentos. Hoy, miles de pacientes con cáncer, VIH y enfermedades huérfanas mueren lentamente porque no reciben tratamiento. Desmontar la salud es condenar a millones de colombianos a un genocidio institucional: el de los enfermos que pagan con su vida la improvisación presidencial.

En el discurso que dirigió en el Tolima, Petro tuvo la oportunidad de condenar la violencia contra la Andi, demostrar solidaridad y respetar el artículo 39 de la Constitución, que protege la libertad de asociación, pero no lo hizo. Prefirió atacarla nuevamente, caricaturizar a su presidente y deslegitimar al empresariado. Con cada palabra dejó claro que no busca unidad nacional, sino más polarización.

En vez de gobernar, Petro juega al líder mundial. Sus discursos en la ONU solo logran butacas vacías y bostezos diplomáticos. ¿Qué autoridad moral tiene el presidente de uno de los países más violentos de América Latina para pontificar sobre paz, cuando ni siquiera controla la mitad de su territorio? En el exterior, Petro es irrelevante; en Colombia, su única estrategia es incendiar el debate interno para tapar el fracaso y los escándalos de corrupción de su gobierno.

George Orwell lo advirtió con claridad: “El enemigo no existe para ser derrotado, existe para ser sostenido como enemigo permanente”. Ese es Petro: un presidente que necesita fabricar adversarios para sobrevivir políticamente. Y en esa guerra imaginaria, el costo lo paga Colombia, un país con más muertos, más desplazados y más enfermos abandonados.

LUIS FELIPE HENAO

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