¿Otra vez certificados?

Otra vez la descertificación. Al igual que muchos colombianos que hemos trabajado por décadas con Estados Unidos y sus instituciones, sabía que era muy improbable que el gobierno del presidente Trump certificara a Colombia por su lucha contra el narcotráfico. La pregunta no era si nos descertificarían, sino si las consecuencias incluirían sanciones económicas o si el castigo sería político.

Finalmente, el veredicto fue claro: la falta de compromiso del gobierno Petro con la erradicación y la reducción de cultivos de coca fue el factor decisivo. A pesar de que se evitaron sanciones económicas gracias a un ‘waiver’, la reputación del país ha quedado golpeada. Estados Unidos salvó a las Fuerzas Militares, a la Policía y al sector empresarial, pero señaló directamente al Gobierno por su inacción.

No hay que subestimar las consecuencias. Aun sin sanciones, la descertificación representa un retroceso en la confianza internacional. Muchos recordamos los años en que ser colombiano equivalía a ser sospechoso en los aeropuertos del mundo. Volver a ese estigma sería devastador para el comercio, el turismo y la inversión extranjera.

La cifra de 253.000 hectáreas de coca en 2023 —la más alta en la historia— y la probabilidad de llegar a 310.000 en el reporte del 2024 son un reflejo del fracaso de la política antidrogas del actual gobierno. La persistencia de la siembra se concentra en territorios de alta vulnerabilidad y conflicto, con departamentos como Cauca, Nariño y la zona del Catatumbo mostrando el mayor incremento de cultivos en 2023, y la mitad del área sembrada ubicada en zonas de manejo especial como resguardos indígenas y parques naturales, lo que añade una capa de complejidad ambiental y social al problema. La experiencia de programas anteriores de sustitución de cultivos, si bien logró vincular a 99.097 familias y facilitar la erradicación voluntaria de 42.339 hectáreas, expuso debilidades estructurales que impidieron su escalabilidad y sostenibilidad. Una de las principales deficiencias fue su dependencia de un modelo de subvención directa del Estado para la provisión de ingresos temporales a las familias, el cual resultó insostenible financieramente, justificando entonces la resiembra, por lo cual la nueva sustitución debe responder a modelos financieros que permitan el pago por anticipado de la cosecha. La baja ejecución presupuestal, que fue solo del 5 por ciento en 2023, ilustra la fragilidad del enfoque de subsidios, al cual no podemos volver ya que la política es vulnerable a los ciclos políticos y las limitaciones fiscales.

Y lo peor es que lejos de rectificar, el presidente Petro ha optado por victimizarse, culpar a terceros y provocar a quienes podrían ser aliados en la búsqueda de soluciones. Mientras tanto, estrecha vínculos con regímenes como el de Nicolás Maduro, jefe de una estructura criminal, narcotraficante y terrorista, según lo ha señalado Estados Unidos como cabeza del cartel de los Soles, ofreciendo incluso una recompensa por su captura.

No se trata de ideologías, sino de hechos. El narcotráfico sigue siendo la gasolina que alimenta la violencia, la corrupción, el asesinato de líderes sociales, el reclutamiento forzado de jóvenes, el tráfico de minerales, el crimen más vil, como es el del tráfico de personas, el contrabando que acaba nuestras empresas y la degradación de nuestras instituciones. Eln, disidencias de las Farc, 'clan del Golfo': todos se nutren de la coca. Y Colombia no puede seguir en el primer lugar de productores de cocaína del mundo.

Más allá de la coyuntura, lo urgente es asumir una visión de país. Necesitamos un gran acuerdo nacional para sustituir 300.000 hectáreas de coca con cultivos legales de alto valor: cacao, café, coco, palma, maíz amarillo, aguacate, proteína animal. Esto implica cadenas productivas, agroindustria, exportaciones y desarrollo rural con infraestructura. Un plan ambicioso, sí, pero posible. Lo hicimos antes y podemos hacerlo mejor.

La lucha contra el narcotráfico no puede depender de un solo gobierno. Es un compromiso de país, donde empresarios, académicos, trabajadores, políticos y ciudadanos debemos sumar esfuerzos. Recuperar la confianza internacional, atraer inversión y proteger nuestra democracia dependen de que sustituyamos la economía ilegal por una alternativa legal, productiva y sostenible que brinde oportunidades de ingresos dignos y formales a los campesinos, nos asegure inclusión y avanzar hacia un país con equidad, es apostar por un país en paz. Eso es lo que merecen nuestros jóvenes de las zonas rurales y urbanas.

Si Estados Unidos se aleja y deja de cooperar, Colombia perderá más que un certificado. Perderá seguridad, oportunidades y viabilidad. La descertificación es una alerta roja, no una condena definitiva. La pelota está en nuestra cancha.

Es ahora o nunca.