Blanco de la inseguridad

El horizonte positivo que se está despuntando en las perspectivas económicas de este año para el Gobierno Nacional contrasta drásticamente con el deterioro en el frente de la seguridad. Al reconocimiento presidencial en el discurso del pasado 20 de julio de que “no se ha logrado la paz total”, la administración Petro presenta su última apuesta por medio de un proyecto de ley de sometimiento, generoso con las disidencias y otros grupos delincuenciales.

No obstante, la parálisis de la ‘Paz Total’ ha derivado en el empeoramiento de las condiciones de seguridad a lo largo y ancho del territorio nacional con consecuencias sobre las poblaciones locales, las empresas y sectores productivos. De acuerdo a la más reciente encuesta de la Andi, una de cada tres compañías se declara afectada por la inseguridad en abril pasado, y un 6% se considera “muy afectado”. Para los comerciantes, este es el segundo problema más graves después de la baja demanda.

Estas manifestaciones de inseguridad se sintonizan con los más recientes reportes estadísticos del ministerio de Defensa: dificultades de acceso, bloqueos a la movilidad de bienes, vandalismo, extorsión, microtráfico y secuestros. Si bien los datos sobre hurtos y otros delitos muestran unos comportamientos en descenso, algunas modalidades deberían despertar las máximas alertas en el Gobierno.

Las cifras oficiales del ministerio de Defensa, con corte al 30 de junio pasado, reflejan que los secuestros extorsivos han aumentado un 115% con respecto al año pasado y que los actos terroristas -556 en este primer semestre- han crecido 10% frente al mismo período de 2024. En el sector específico de los hidrocarburos, los atentados a oleoductos se multiplicaron por seis veces en esta primera mitad del 2025, con sus consecuencias económicas, fiscales y ambientales. Literalmente, un regreso nefasto a un pasado que se creía superado.

Dentro de los factores de inseguridad para hacer negocios en territorio colombiano está el crecimiento de los bloqueos ilícitos a las vías y, en varios casos, a las mismas operaciones, que se dibuja como “conflictividad social”. Según la ACP, los bloqueos y las vías de hecho contra las compañías del sector aumentaron 151%, impactando la producción hasta en 100 mil barriles diferidos por día.

Estos cierres ilícitos de corredores viales principales impactan asimismo al sector de la infraestructura y las concesiones. Bloqueos, afectaciones, vías de hecho, agresiones a conductores de camiones y funcionarios de peajes, actos contra la infraestructura y quemas de vehículos suman más de 1.166 hechos violentos en 29 departamentos del territorio nacional desde 2022. Los efectos de estas manifestaciones de inseguridad en las vías suman billones de pesos en pérdidas y golpean las finanzas de los proyectos, distorsionan la logística y la movilidad de regiones enteras y encarecen productos y bienes básicos. Un informe especial de este diario identificó incluso coletazos de inseguridad en el sector de las telecomunicaciones: en el primer semestre de este año se cuentan 500 ataques vandálicos contra la red y centenares de hurtos de equipos, con afectaciones al servicio.

Mientras la atención del Gobierno se centra en impulsar por el Congreso medidas de ‘zanahoria’ para los grupos al margen de la ley, la delincuencia azota a una variedad de sectores productivos con una multiplicidad de modalidades de delitos y hechos violentos. Es momento para la anticipada campaña electoral de centrar sus debates en las propuestas para reforzar la seguridad territorial.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

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