Caja, bajo presión

El inminente cobro del nuevo impuesto al patrimonio a personas jurídicas llega en un momento delicado para las empresas. En una economía donde varios sectores siguen cayendo respecto al año anterior, el gravamen las obliga a sacar de la caja recursos no previstos, alterando su planeación financiera en pleno ejercicio fixcal.

Los decretos legislativos 173 y 240 de 2026, expedidos en el marco de la emergencia económica, fijaron este impuesto para personas jurídicas con patrimonioz superiores a 200.000 UVT, cerca de $10.470 millones, con una tarifa general de 0,5 % y una diferencial de 1,6 % para sectores financieros y extractivos. El problema no es solo la carga; es también la velocidad con la que debe asumirse.

El impuesto fue creado a finales de febrero y la primera cuota debe pagarse el 1º. de abril. Eso significa que muchas empresas tuvieron que determinar su patrimonio líquido a 1º. de marzo de 2026 y, al mismo tiempo, reorganizar caja, pagos y prioridades en cuestión de semanas. Y aquí conviene recordar algo elemental.

Una cosa es tributar sobre utilidades, ventas o rentas efectivamente generadas, y otra muy distinta es exigir liquidez inmediata con base en una fotografía patrimonial. Cuando se grava el patrimonio en una coyuntura apretada, aparece el riesgo de una tributación desconectada de la capacidad real de pago de corto plazo.

El momento económico en el que estamos agrava la situación, cuando la economía no avanza con la misma fuerza en todos sus frentes. Si bien el ISE creció 1,5% frente a enero del año anterior, el crecimiento se debió a los servicios, mientras que el sector primario y el secundario se contrajeron 2,5% y 1%, respectivamente.

Los datos sectoriales refuerzan esa preocupación. La industria manufacturera cayó 0,5% real anual en enero de 2026, con 22 de 39 subsectores en descenso. En construcción, las ventas reales de vivienda retrocedieron 2,6% anual. También cayó la producción cafetera en febrero. No son señales menores. Son sectores intensivos en activos patrimoniales que deben sacar caja mientras enfrentan una coyuntura compleja. A eso se suma un entorno de alta expectativa inflacionaria y la posibilidad de que la tasa de interés siga subiendo.

En ese contexto, exigir liquidez adicional a las empresas no es una decisión neutral. Tiene efectos sobre caja, inversión, endeudamiento y capacidad de expansión. Además, la magnitud del recaudo no es marginal.

El Gobierno anunció que espera recaudar $8,3 billones en el marco de la emergencia económica, mientras que Anif estima un recaudo de $6,3 billones, de los cuales $4,1 billones provendrían de los sectores financiero y extractivo, y $2,2 billones del resto de los sectores. Ese dinero no saldrá de una abstracción contable.

Saldrá de la caja empresarial, en un país donde la formación bruta de capital fijo cerró 2025 en 16% del PIB, su nivel más bajo en dos décadas. Cuando la inversión ya está debilitada, extraer liquidez del sector productivo tiene un costo mayor. Por eso no sorprende que el Consejo Gremial Nacional haya pedido a la Corte Constitucional la suspensión urgente del impuesto y que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) haya advertido en su último comunicado que este gravamen podría reducir las utilidades y afectar la inversión empresarial.

En economía, la confianza también se mide en liquidez. Cuando el Estado cobra con urgencia sobre el patrimonio y no sobre la rentabilidad real, aplaza inversión privada, enfría decisiones y debilita la confianza empresarial.