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El acelerador a fondo

Para que el plan de la reactivación económica no se quede en el papel, el Gobierno debe acelerar en infraestructura y energía.

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El segundo tiempo del Gobierno Nacional estará enfocado tanto en la superación de la pandemia del coronavirus como en la implementación de un plan de reactivación económica.
La apuesta de la administración Duque, llamada “Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia”, busca articular 100 billones de pesos, un diez por ciento del PIB, y generar alrededor de un millón de empleos directos e indirectos.
Son, sin duda, unas aspiraciones muy ambiciosas teniendo presente no solo el momento crítico de la pandemia que atraviesa el país, sino también las tradicionales dificultades para avanzar grandes proyectos en Colombia.
Si bien el programa gubernamental cobija desde la construcción de vivienda- sector siempre presente cuando se necesita estimular la economía y el empleo masivo- hasta la salud y la implementación del proceso de paz, los pilares de infraestructura y energía, con al menos 61 proyectos, ameritan una mirada más detallada.
Desde el sector energético el Gobierno ha echado mano de un paquete de iniciativas que ya el sector privado venía trabajando desde antes de la llegada del virus. El paquete lo conforman 27 proyectos: energía eólica (9), solar (5), 9 líneas de transmisión, tres geotérmicos y uno de hidrogeneración. Su contribución de 16 billones de pesos de inversión al y 55.000 empleos no es menor.
No obstante, una revisión del estado de cada una de estas iniciativas refleja que casi todas se encuentran en estados iniciales de su desarrollo. De los 27 proyectos, 11 están en proceso de licencia ambiental, cinco en consulta previa y otros cuatro en proceso de consulta previa.
Aunque no formalmente incluidos en el plan expuesto por el presidente Duque, la cartera de Minas y Energía cuenta con otros 9 proyectos mineros por 17 billones de pesos. Al igual que el paquete energético, el minero enfrenta serios obstáculos en el proceso de licenciamiento ambiental.
Un panorama similar se encuentra en el sector de infraestructura. La meta del Gobierno es el máximo impulso para 34 obras por 61,8 billones de pesos. Sin embargo, los grados de avance en los que arrancan los proyectos del paquete son heterogéneos.
De acuerdo a la Agencia Nacional de Infraestructura, nueve superan el 70 por ciento de avance mientras que otras diez, incluidos el nuevo aeropuerto de San Andrés y la Mulaló-Loboguerrero, reportan cero por ciento.
Solo el metro de Bogotá, por ejemplo, contribuye con 12,9 billones de los 61, 8 del paquete completo. Otros cuatro proyectos apenas están iniciando con avances de menos del 10 por ciento.
Esta fotografía instantánea de los 61 proyectos energéticos y de infraestructura ratifica que la tarea primordial del Gobierno es la de meter el acelerador a fondo. Indudablemente, los procesos de licencia ambiental y de consulta previa necesitan agilizarse sin que pierdan su espíritu ni su papel.
Además, este tipo de iniciativas requieren trámites y procedimientos prediales y sociales a los que el Gobierno podría darles recursos y prioridad. Otro aspecto clave en el despliegue de este pilar del plan de reactivación es la articulación del Gobierno Nacional con las entidades territoriales para integrar sus planes de desarrollo en todo este esfuerzo.
Como lo afirma Rafael de la Cruz, exgerente del BID para los países andinos, “el eje central para el desarrollo de la región es duplicar la inversión pública en infraestructura, servicios y logística”.
Todavía faltan algunos detalles sobre los montos específicos del componente público del “Compromiso por Colombia”. Pero queda claro que para que el plan no se quede en el papel, el Gobierno debe gerenciar esta aceleración desde el máximo nivel y en coordinación público - privada.
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