Equilibrio salomónico

La fraternidad entre empresas y trabajadores que promueve el Gobierno debe traducirse en prontas decisiones que beneficien a ambas partes.

25.05.2020 19:47 Actualizado: 25.05.2020 19:49

En la edición de hoy de este diario se publica una entrevista con el presidente Iván Duque en el que trata varios temas, entre ellos, los retos del empleo en medio de la pandemia.

La crisis generada por los impactos económicos por el coronavirus está golpeando severamente tanto a empresas como a trabajadores. Por el lado de los empleadores, la parálisis total de algunos sectores, el duro choque a la demanda y la caída en los ingresos está empujando a no pocos a la quiebra.

Por el lado de los empleados, no solo se están destruyendo puestos de trabajo en Colombia y en el resto del mundo, sino también se están deteriorando las condiciones laborales de los afortunados con un empleo formal.

Esta dura y generalizada situación termina por exacerbar la natural e inevitable tensión entre los intereses de las empresas y los de los trabajadores. Mientras los empleadores necesitan liquidez y alivios para mantener su actividades, los empleados buscan sostener sus puestos de trabajo y la protección que han ganado.

En la entrevista de hoy el presidente Duque reitera su llamado a que “Colombia debe enfrentar de manera fraterna entre trabajadores y empleadores, con el apoyo del Gobierno, esta situación excepcional”. Para el primer mandatario el equilibrio a mantener es el de “proteger el empleo y la sostenibilidad de quienes lo generan”.

Desafortunadamente, hay decisiones que blindan los empleos pero minan la supervivencia empresarial y viceversa.

Ya el sector privado colombiano, por intermedio del Consejo Gremial Nacional, puso sus catorce propuestas sobre la mesa. El paquete de los empresarios, presentado hace pocos días al Ministerio de Trabajo, constituye una reforma laboral condensada que cubre desde la contratación hasta la seguridad jurídica, desde el empleo rural hasta las prestaciones y la seguridad social.

Una de las propuestas más polémicas es la de posponer la prima de servicios del mes de junio. Buscando ese frágil balance, el presidente Duque sostiene el pago de la prestación pero accede a la necesidad empresarial de posponer o aplazar su desembolso. En este caso en particular, el Gobierno no debería tocar la prima de junio a tan pocos días de su pago.

Otras propuestas del sector empresarial ameritan discutirse como la suspensión de la jornada familiar, las dos horas recreativas, y la realización de la encuesta sicosocial para este año. Es cierto que las condiciones de teletrabajo en cuarentena permitieron mayor tiempo de compartir en familia.

Asimismo, la discusión sobre la condición de incapacidad médica para los empleados en aislamiento obligatorio podría generar un balance más equilibrado entre las empresas y el sistema de salud para asumir los costos de esta situación excepcional.

No obstante, otro bloque del paquete incluye no solo posponer los pagos de prestaciones sino la suspensión de recargos y horas extras, entre otras medidas, que implicarían una transformación mucho más sustancial de las relaciones laborales.

La urgencia de tomar medidas que protejan tanto el empleo como a las empresas es real. Las estimaciones de una disparada de la tasa de desempleo al 20 por ciento se traducen en la pérdida de millones de puestos de trabajo.

Sin embargo, sería un error que el Gobierno usara sus poderes de emergencia para adoptar medidas temporales que cercenen derechos adquiridos de los trabajadores o que abran la puerta a una reforma laboral por la puerta de atrás. Algunos cambios, que son necesarios ante lo crítico de la situación, deben contar con el consenso y venir de la concertación.

El reto de la economía fraterna de Duque en el frente laboral está en tomar decisiones prontas que beneficien salomónicamente a ambas partes.