Sin Cancillería

El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre los límites con Nicaragua refleja no solo posibles arbitrariedades e inconsistencias de ella, sino también las costosas y eternas carencias y debilidades de nuestra política exterior y nuestra Cancillería. Al litigio no se le dio la trascendencia que tenía.

En ninguno de los tres últimos Planes de Desarrollo aparecen, entre las prioridades de dicha política, las acciones o estrategias para resolver el diferendo de límites con Nicaragua, aunque estaba en juego la soberanía sobre el Archipiélago y una parte inmensa de nuestro mar territorial.

De hecho, desde 1980, cuando los sandinistas negaron la validez del tratado Esguerra-Bárcenas, el tema nunca fue objeto de la discusión nacional que merecía.

Un gobierno nombró y dos mantuvieron en oficio un equipo defensor, evidentemente inferior y menos dedicado que el que sí pudo nombrar Nicaragua, un país de 5 millones de habitantes con el ingreso per cápita más bajo de Centroamérica.

Ese equipo centró su actuación en la defensa de unos islotes que eran claramente nuestros, mientras que el nicaragüense fijó sus miras en las aguas. ¡Y hoy se sorprenden de que la CIJ le dio a cada cual lo que buscó! Y la Canciller, a quien debieran aconsejarle que hable menos, felicita al equipo que produjo esos resultados al tiempo que confiesa que el escenario actual “nunca se contempló”, y que no estaba en los cálculos, como si no se hubieran conocido las pretensiones de Nicaragua. ¡Si contemplar todos los escenarios es la esencia del estratega, y no recibir sorpresas es la del buen administrador! Claro, si el resultado no estaba en los cálculos, mucho menos estaba el camino para actuar a tiempo y con solidez.

El país sabe ahora que faltó firmeza para haber defendido la validez plena de nuestros tratados limítrofes. No se adoptaron decisiones soberanas oportunas para impedir que ese tema fuera a consideración de la CIJ, teniendo en cuenta que nuestras fronteras eran un asunto para nosotros resuelto.

Fue un caso más de la diplomacia vergonzante que caracteriza a Colombia y que nos genera más daños que beneficios en diversos temas.

Ese es el costo de no tener un cuerpo diplomático con una visión realista y previsiva, y con una actitud menos confiada y pusilánime.

No se puede tener uno que, salvo honrosas excepciones, entiende la diplomacia como un ejercicio de genuflexión ante los otros países, actitud que se extiende aún a negociaciones comerciales en las que, con postura abyecta y mendicante, unos burócratas sacrifican en los escritorios a sectores económicos vitales para regiones enteras del país.

Por décadas hemos estado sin Cancillería. Este fallo es una alerta más sobre la necesidad de tener una y de revisar nuestra política exterior.

El país debe conocer los errores y sus responsables, para asegurar hacia adelante una permanente gestión previsiva, ajustada a los más altos intereses nacionales.

A este Gobierno le cabe responsabilidad en los hechos, por haber mantenido a ese equipo defensor y por su manejo de las audiencias de descargo, pero hoy le toca enfrentar el futuro.

El Jefe de Estado debe adoptar decisiones que lleven a una Cancillería seria y capaz de defender eficazmente los intereses del país. Y debería explicarle a la Canciller que las renuncias no se ofrecen, se presentan.