Ecopetrol o desarrollo

 

En nada se parece Colombia, que ocupa el puesto 81 en el listado de PIB per cápita del Banco Mundial, a Noruega, que está en el segundo, con cerca de 20 veces el nuestro. Mientras que, gracias al proceso de desindustrialización iniciado por Gaviria, somos un país en franca vía al subdesarrollo, sin infraestructura productiva, esa es una nación desarrollada; sus 5 millones de habitantes tienen garantizada seguridad social, educación y subsidios del Estado.

Pero gracias a nuestros tecnócratas, Colombia y Noruega sí tienen algo en común: los precios de combustibles más altos del mundo entre los países exportadores de petróleo.

Aquí se mantiene un esquema de fijación de precios que ha aumentado el precio de la gasolina 250% desde 1999, en tanto que la inflación, jalonada por ese aumento, fue sólo 85%. Un esquema que fue razonable a fines del siglo pasado, cuando el precio local del combustible era artificialmente bajo y no había certeza sobre la capacidad energética del país, pero que hoy es obsoleto y caprichoso.

Para apoyar este esquema, usan el sofisma de que así evitan ‘subsidiar a los ricos’, dueños de automóviles. Esto no es cierto, y aunque Colombia tiene una de las más bajas tasas de penetración en el continente, ya más del 30% de las familias poseen carro. 

El tercer rubro de gasto de la canasta familiar de los colombianos es el transporte, público o personal, y este pesa más en las clases menos pudientes, en las que puede superar el 20% de sus ingresos.

Adicionalmente, los costos del combustible representan el 30% del costo de transporte de carga por carretera. Del 4,91% que aumentó este costo en el 2010, 4,51 puntos correspondieron a combustible.

Además de gravar indebidamente el gasto en del transporte de los colombianos, el alto precio del combustible encarece los bienes que consumen y le resta competitividad al país.

Tampoco es cierto el cuento de que las utilidades de Ecopetrol se destinan a salud, educación y vías. La verdad es que entran a fondos comunes y sirven para pagar burocracia, clientelismo y corrupción, y que una parte se les distribuye hoy a inversionistas privados.

Se estima que una reducción de $2.000 por galón en el precio de los combustibles liberaría más de $5 billones al año del ingreso disponible de los colombianos, que podrían darle otros usos que entrarían a la economía, con sus efectos positivos en términos de crecimiento, empleo y poder adquisitivo, esto en vez de entregárselos a una compañía que escasamente emplea a 6.000 personas.

El sofisma de privilegiar el ‘costo de oportunidad’ de los productos de Ecopetrol ignora el costo de oportunidad para el país de no usar para su desarrollo la inmensa ventaja competitiva que le da su riqueza energética. 

Es inaceptable que Colombia aplique precios absurdamente altos a los combustibles que consumen sus ciudadanos a pesar de ser un país rico en recursos energéticos, perdiendo así esta ventaja competitiva, sólo por seguir políticas impuestas por organismos internacionales y caprichosos burócratas locales. 

Colombia debe hacer un debate serio sobre el uso de su riqueza energética. Una discusión abierta, pública, que no puede conducirse en círculos cerrados, con la falta de transparencia que ha caracterizado últimamente la fijación de los precios de los combustibles. Los colombianos tienen derecho a decidir si se debe seguir sacrificando su ingreso familiar para engordar artificialmente un sector de su economía que no genera empleo, a costa de bloquear el desarrollo de todos los demás.