¡Lo logramos!

 

Después de un lustro de sufrimiento, lo logramos: ¡el Congreso de EE. UU. aprobó el TLC con Colombia! ¡Ya podemos reiniciar los trámites para que nuestro poderoso aparato productivo, respaldado por el eficiente y transparente sector público, apoyado en la sólida infraestructura, invada ese gran mercado de 300 millones de ricos, desplazando a sombrerazos a los productores más eficientes y/o más subsidiados del planeta que hoy lo atienden, porque no tenemos TLC!

Ahora se inicia el trámite ‘de la implementación’, en el que Colombia debe modificar su legislación para cumplir las obligaciones que el TLC le impone. Que EE. UU. no deba cambiar una coma en sus normas es lógico, pues el texto de ese ‘tratado’ fue escrito e impuesto en su totalidad por ellos en una ‘negociación’ que de tal no tuvo sino el nombre.

Se estima que aquí habrá que modificar o emitir más de 20 leyes y decenas de decretos y resoluciones para que el Representante Comercial de EE. UU. (USTR) certifique que se puede ejecutar el tratado.

El objeto de este trámite es garantizar los privilegios de los empresarios estadounidenses y eliminar cualquier vestigio de ventaja competitiva que los nuestros puedan tener, y tomará por lo menos un par de años, hasta que no haya palabra alguna en nuestras normas que pueda incomodar al USTR.

Con él se garantizará, por ejemplo, el cumplimiento de las cláusulas de ‘anulación y menoscabo’ y ‘expropiación indirecta’ del TLC, las cuales establecen, en esencia, que nuestro Gobierno deberá resarcir cualquier desmedro que, por acción del Estado colombiano, sufran sus inversionistas en las utilidades que esperan realizar en Colombia.

O se garantizará que Colombia no tenga ventaja alguna en el área laboral, pues lo clave es generar empleos allá, no acá.

El TLC incluía cláusulas de propiedad intelectual que le iban a ocasionar a Colombia sobrecostos en medicamentos de US$1. 500 millones anuales. La Iglesia Católica, Misión Salud y Oxfam América lograron que la dirigencia demócrata del Congreso de EE. UU. reversara este daño con el Protocolo Modificatorio que hizo firmar a las partes. Recientes actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio hacen pensar que existe el riesgo de que, por presión de sus multinacionales farmacéuticas, el USTR busque en esta etapa restablecer los privilegios que su propio Congreso rechazó.

En cambio, aunque pudiera asustarles nuestro gran progreso educativo –contamos con dos universidades entre las primeras 500 del mundo–, en ese campo probablemente su pretensión será dejar claro que, para ellos, la educación universitaria es un servicio más y que, como tal, podrán prestarlo entidades con ánimo de lucro.

En otros temas, los místeres no necesitarán la ayuda del USTR. El Emisor, por ejemplo, les garantizará que aquí siempre paguemos intereses ruinosamente más altos que los que ellos pagan y, si puede, que la tasa de cambio les favorezca.

O nuestros tecnoburócratas, que aquí la energía sea más cara y que los precios de nuestros combustibles superen ampliamente los que cobran allá por combustibles derivados de nuestro petróleo. Además, mientras cuenten en nuestro Gobierno con tan preclaros representantes de la línea Maturana como el ministro que considera innecesario prepararse para el TLC porque “la mejor forma de aprender a nadar es tirándose al agua”, ¿de qué se pueden preocupar?