Nuestro Congreso

06.02.2016 01:18 Actualizado: 24.01.2014 00:58

Equivocadamente, en Colombia se hace un balance de la gestión del Congreso con base en el número de leyes que aprobó en el año y no, como debiera ser, en la calidad de estas.

La verdad es que una de las grandes debilidades de nuestra democracia es la deplorable calidad del trabajo, y las cuestionadas condiciones profesionales y éticas de gran parte de los congresistas.

Y entre los dos males, corrupción e incompetencia, el que mayor daño hace es el segundo.

Aunque indudablemente un buen número de nuestros ‘honorables’ no son tales, muchos sí son honrados y bien intencionados. En cambio, la ignorancia sobre los temas a tratar y la incompetencia de los legisladores para legislar son generalizadas, y es raro que alguno realmente domine algún tema. Su negocio es conseguir votos, y de eso es que saben.

Por eso, en Colombia el Congreso no tiene verdadera iniciativa propia.

Lo usual es que los congresistas aprueben sin mayor discusión proyectos presentados por el Ejecutivo, pues como no tienen asesores ni conocimiento propio, hasta las ponencias y conciliaciones pareciera que les llegan hechas para la firma, sin necesidad de que las lean.

Sus inanes debates no tratan los impactos futuros, ni la real aplicabilidad de la ley o sus costos y beneficios. Realmente, sus votos se entregan a cambio de compromisos burocráticos y politiqueros.

Desde agosto del 2010 hasta hoy se han expedido 303 leyes y 6 actos legislativos.

De ese total, 78 corresponden a leyes de tratados o instrumentos internacionales, que comprometen la soberanía nacional –a los que el Congreso ni les cambia una palabra ni se atreve a cuestionar una coma–, 51 son leyes sobre celebraciones y homenajes conmemorativos, 9 crean estampillas en pro de algo y 17 declaran patrimonio ferias y bienes culturales.

Si al resto le descontamos las periódicas leyes que impulsa el Gobierno en temas presupuestales, tributarios o de reformas de entidades, el saldo es lamentable.

Leyecitas con una visión de acuerdo municipal que no abordan los grandes problemas nacionales, como el estancamiento industrial, la crisis del agro, los atrasos de infraestructura, la pésima calidad de la educación o la alta informalidad del empleo, y mucho menos las fallas del sistema de salud y la crisis extendida en la justicia.

Cuando la tienen, su iniciativa va a leyes sobre la vasectomía, la protección de los derechos ‘humanos’ de los animales de los circos, la regulación de videojuegos, o los enfoques holísticos de la felicidad. O peor aún, conduce a que fanáticos pertenecientes a partidos dependientes de iglesias, como el Mira, les den rienda suelta a sus prejuicios e intolerancia, e impongan sus caprichos a los colombianos.

Y así, con el apoyo de legisladores como Roy Barreras, logren emitir leyes como la 1696, que llevó a un nivel de cero, único en el mundo, la concentración de alcohol permitida aquí para conducir vehículos.

La elección que se avecina es una nueva oportunidad para cambiar en algo ese estado de cosas.

Colombia debe tener un Congreso en el que se estudien los proyectos con capacidad e independencia, con congresistas serios y juiciosos cuyos equipos asesores sean integrados por profesionales idóneos y comprometidos por el país, y no simples ‘corbatas’ dedicadas a hacer lobby y clientelismo.

Emilio Sardi

Empresario