Reindustrialización y ‘Pipes’

El Pipe 2.0 constituye una buena iniciativa del Gobierno Nacional para anticipar e inyectar a la economía nacional recursos previstos en el Plan de Desarrollo por $16,8 billones, centrados principalmente en los sectores infraestructura y vivienda, pero generadores de empleo de bajo niveles de especialización de mano de obra. Además, se trata de sectores muy cíclicos y sensitivos, uno al esfuerzo coyuntural del Gobierno, y el otro a las tasas de interés, mejor cuando estas son bajas, producto de los subsidios propuestos.

Todo esto, cuando las cifras que publica el Dane muestran una nueva caída de la producción manufacturera del 2,4% en el primer trimestre del 2015, y vemos la desbandada de multinacionales cerrando sus operaciones de producción local.

En los últimos años, Colombia tuvo un crecimiento económico debido al auge de las exportaciones minero-energéticas. Sin embargo, en vez de ser una oportunidad para ganar mercados en el exterior, ese boom profundizó la tendencia de desindustralización, reflejada en el perfil de las ventas externas, en el cual el 75% corresponde a materias primas y en su menor peso relativo a la producción mundial de productos manufacturados.

Lo anterior sugiere que es hora de que el país entre en una nueva fase de reindustrialización, que permita sostener el crecimiento económico de los próximos años y genere mayor empleo y de mejor calidad, pues a pesar de su reducción, este sigue siendo alto, cercano al 9,5%.

Las acciones en la agenda del Gobierno requieren un abordaje sistémico, en el cual se identifiquen y se superen los cuellos de botella de infraestructura, tributaria, burocrática, institucional y desarrollo regional, que, en últimas, elevan el costo Colombia que tanto he mencionado en estas columnas.

Es necesario ir resolviendo, uno a uno, estos elementos que afectan el costo Colombia como el precio de la energía, las tasas de interés elevadas, los excesivos costos administrados del transporte terrestre, la exagerada tributación, en particular para la pequeña y mediana industria, entre muchos otros.

Una política explícita y estable de desarrollo productivo debe incluir, además, políticas específicas de largo plazo, como subsidios, beneficios fiscales, líneas de crédito y fondos de inversión, preferencia a empresas nacionales, internacionalización de nuestras compañías, etc. Además de infraestructura adecuada, buena calidad de educación y la movilización de los mismos instrumentos, como lo hacen países competidores para apoyar los sectores productivos con una base exportadora más diversificada e innovadora.

El Programa de Transformación Productiva del Gobierno para impulsar el desarrollo de 20 sectores estratégicos podría fortalecerse y ampliarse en su cobertura, en el cual las principales metas deberían ser la tasa de inversión fija como porcentaje del PIB, la elevación del gasto en investigación y desarrollo, aumentar el número de pymes exportadoras e incrementar la participación de las exportaciones no minero-energéticas en el mundo.

Pero, sin lugar a dudas, lo que el país necesita es elevar a política de Estado esta transformación productiva que permita lograr crecimiento con igualdad, y que apunte a las próximas generaciones. Lo anterior atraería inversión privada, crearía empleos de más elevados niveles de especialización, mayor valor agregado y productividad.