Cuestión de equidad y empleo

Toda la fuerza empresarial debe recibir algún tipo de ayuda.

25.09.2020 20:14 Actualizado: 25.09.2020 21:57

Esta semana el Congreso de la República aprobó la extensión del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), promovida por el Gobierno Nacional. Este plan de subsidios a la nómina, junto a una ayuda más alta para la prima de diciembre, constituye uno de los pilares de la estrategia gubernamental de salvamento a las empresas.

Con corte a agosto, las cifras del programa mostraban más de 134 mil empleadores con más de 3,3 millones de trabajadores beneficiados. Según datos de Fedesarrollo, el PAEF ha llegado al 67,4 por ciento de los empleos formales.

Mientras el 74 por ciento de los puestos de trabajo en empresas medianas y grandes recibieron ayudas, en empresas pequeñas fue el 62 por ciento y el 47 por ciento del total de empleados en microempresas.

Ante estos numeros no genera sorpresa que el sector privado haya recibido con beneplácito la decisión del Legislativo. Los subsidios, si bien limitados en su monto y un poco tardíos en su llegada, han aliviado la crisis de liquidez que golpeó a las empresas de todos los tamaños.

No obstante, los recursos han beneficiado en mayor proporción a los empleados formales de las grandes y medianas empresas. Más allá del contenido de la nueva legislación, son necesarias medidas orientadas a que las pequeñas y las microempresas también gocen de estos beneficios.

Las mayorías legislativas excluyeron a unas 280 mil organizaciones registradas como naturales, que corresponden al 17 por ciento del tejido empresarial del país y emplean a más de 300 mil trabajadores. Son varios los argumentos para defender la inclusión de los más pequeños.

Primero, es una cuestión de equidad. Toda la fuerza empresarial debe recibir algún tipo de ayuda. No puede marcarse una diferenciación entre ser un trabajador de una gran empresa y el de una pequeña unidad de dos o tres empleados.

Segundo, los 300 mil puestos de trabajo de este 17 por ciento también merecen salvamento y protección. Aunque el Congreso las haya excluido, está en manos del Gobierno corregir esta injusta desigualdad.