El camino es institucional

La decisión de ayer de la Corte Suprema de Justicia de cobijar con medida de aseguramiento domiciliaria al ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez es histórica y desatará consecuencias políticas y jurídicas de toda índole. Como ex primer mandatario, fundador y cabeza del Centro Democrático y senador más votado del país, Uribe ha estado en el centro, ha definido y ha marcado la política colombiana en las últimas dos décadas. Desde 2002 prácticamente todas las elecciones en el país han girado alrededor de sus posturas, sus agendas y los opositores que éstas desatan.

De hecho, es probable que su detención de ayer, sin importar el sentido en que se falle el proceso judicial en su contra, marque las narrativas de la campaña presidencial de 2022. Tal como la campaña y los resultados del plebiscito de 2016 determinaron los equilibrios de las fuerzas política para el 2018.

Que la Corte Suprema haya detenido al senador Uribe constituye tanto un duro golpe para el gobierno Duque- pierde su principal apoyo- y la bancada del Centro Democrático- se queda sin líder- como una victoria para el bloque antiuribista- una de cuyas banderas son los procesos judiciales en contra del expresidente. No obstante, la decisión del alto tribunal también refuerza un mensaje que, por muchos años, los uribistas enviaron a la opinión pública: su condición de perseguidos por la Justicia. La excesiva carga política de este proceso judicial garantiza que, junto a la verdad jurídica, los colombianos debatirán una percepción política con efectos indudables para el 2022.

Es ingenuo desconocer que la detención del ex presidente Uribe exacerbará la polarización ideológica, dividirá al país, dificultará la gestión del Gobierno y anulará cualquier espacio de consenso. No obstante, el camino que deben seguir todos y cada uno de los actores políticos, judiciales, e incluso mediáticos, en este caso solo puede ser uno: el institucional, esto es, el del respeto a las reglas del juego y a los derechos de las partes.

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