En días recientes el presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que el Cabildo dejará de pagar la gasolina de las camionetas asignadas a concejales por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
De acuerdo a Galán, solo el año pasado el monto gastado en este rubro fue de más de 500 millones de pesos, esto es, alrededor de 850 mil pesos por concejal al mes.
Esta decisión se da en medio de una discusión sobre los esquemas de seguridad de los cabildantes y los criterios sobre su asignación.
Ya en el pasado un concejal como Juan Carlos Flórez no solo debatió la necesidad de las camionetas blindadas, sino incluso renunció del todo al vehículo y al escolta.
Esta no es una discusión caprichosa y Galán acierta en esa decisión.
Por el lado presupuestal cabe hacerse la pregunta de por qué los dineros de la ciudad deberían gastarse en gasolina para cada uno de los concejales. Por el lado de la seguridad, cada cabildante debería realizar de manera periódica su análisis de riesgo para que la UNP valorara la necesidad de su protección.
Sin duda, hay más un concejal con el perfil requerido para recibir un adecuado esquema de protección por el Estado.
Hasta ahora son 7 los concejales que han renunciado al esquema: Luis Carlos Leal, Marisol Gómez, Diego Cancino, Diego Laserna, Julián Espinosa, Martín Rivera y Susana Muhammad.
Es justo reconocer en ellos la sensatez de ahorrarle a Bogotá el costo de sus vehículos y escoltas, así como esperar que estos sean reasignados a quienes verdaderamente los necesiten. La vulnerabilidad de numerosos líderes sociales y comunitarios en las regiones del país sigue presente y los recursos de la UNP para protegerlos son limitados.
En el trasfondo de esta discusión yace la idea de que los cargos públicos y de elección popular deben venir con privilegios y prebendas como estas. Que un vehículo blindado y un escolta sean símbolo de estatus o poder refleja una visión distorsionada de la seguridad. Al renunciar a ese símbolo porque no lo necesitan, los concejales dan ejemplo.