Hace unos días, un editorial de este diario se hacía la pregunta sobre la posibilidad para una fila de grandes proyectos mineros de entrar a robustecer los planes de recuperación económica.
Además de ocho iniciativas desde la minería de oro, cobre y carbón, el Ministerio de Minas cuenta con un paquete de otros 26 proyectos para la llamada política de “reactivación sostenible”.
El abanico contempla 19 proyectos de generación renovable de electricidad y siete para la extracción de petróleo y gas natural. Ocho departamentos del país desde La Guajira hasta Putumayo, más seis iniciativas off-shore en la Costa Caribe, conforman el mapa de estas inversiones que, junto al paquete minero, podrían alcanzar los 37 billones de pesos y cerca de 60 mil empleos en los próximos años.
Este portafolio de más de treinta iniciativas ratifica que, en estos momentos de crisis generada por la pandemia, el sector minero, energético y de hidrocarburos constituye una oportunidad para la inversión, el crecimiento económico, la generación de puestos de trabajo y el desarrollo regional.
Si bien cada proyecto enfrenta sus problemáticas regionales y ambientales particulares, el paquete de obras energéticas y de hidrocarburos debe sortear retos similares como las consultas previas con las comunidades y las demoras en los procedimientos ambientales.
La misma reflexión sobre la minería cabe sobre los subsectores de generación de energía renovable, petróleo y gas natural: ¿cómo desplegar estos proyectos “estratégicos y prioritarios” a la velocidad necesaria para que contribuyan eficazmente al rebote de la economía colombiana para este año y el año entrante? El balance de las autoridades entre los beneficios socioeconómicos de estos proyectos y la evaluación rigurosa de sus impactos ambientales es hoy más delicado y necesario que nunca.
Sin disminuir los requisitos ambientales y comunitarios, su aporte a la reactivación es crucial.
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