Los pobres esperando

Los programas de transferencias monetarias, ya existentes como Familias en Acción y nuevos como Ingreso Solidario y Bogotá Solidaria, constituyen hoy la punta de lanza de la estrategia social del Estado para mitigar los impactos de la pandemia.

Las medidas de aislamiento social de la cuarentena han golpeado los hogares de los más pobres, los informales y la clase media vulnerable con más dureza. Tanto el Gobierno Nacional como el Distrito Capital diseñaron e implementaron en pocos días plataformas capaces de llevar dineros no solo a los beneficiarios ya inscritos sino a hogares adicionales, muy por encima del umbral de pobreza.

La transparencia de los técnicos en las bases de datos llevó a la detección de cientos de errores que fueron expuestos en las redes sociales y que condujeron a ligeras acusaciones de corrupción. Era de esperar que en un ejercicio de varios millones de beneficiarios se presentaran errores de inclusión, es decir, cédulas erradas o personas reciben ayudas que no necesitan. La Registraduría revisó más de 2,6 millones de cédulas en los listados de transferencias y encontró inconsistencias en 16.894 documentos.

La vigilancia al uso de los recursos públicos en la crisis cumple una valiosa labor democrática y ayuda a los funcionarios a detectar y enmendar errores. Pero, mientras se verifican estas fallas de inclusión y otras irregularidades, no se pueden detener los giros de estas plataformas de transferencias y dejar a los pobres esperando.

Los esfuerzos de la Nación y del Distrito han permitido llevar esos dineros a hogares, incluyendo muchos no pobres, que hoy sufren las carencias del confinamiento. Las demoras perjudican decenas de miles de hogares en aras de encontrar esos errores. Si estos casos se transforman, gracias a la lupa de los entes investigadores, en redes de corrupción, que el peso de la ley caiga sobre esos funcionarios. Mientras tanto, los dineros deben llegar a esas personas que los necesitan.

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