No tocar la prima

Esta semana el Consejo Gremial le entregó al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, un paquete de 14 propuestas sobre temas de empleo que constituyen un “revolcón” en materia laboral. Uno de los puntos que propone el sector privado es que la prima de servicios del mes de junio se pueda pagar en cuotas o se aplace su desembolso.

Sin desconocer la pertinencia de la discusión sobre modernización laboral que ponen los gremios, es necesario reafirmar este no es el momento adecuado para escatimar los derechos adquiridos de los trabajadores colombianos.

La prima no solo es un mandato legal del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, sino también una prestación que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha venido extendiendo a otros grupos de trabajadores como el servicio doméstico en 2014. Si bien su origen estuvo ligado a la repartición de utilidades de las empresas, este alto tribunal ha indicado en su sentencia C-871 de 2014 que los parámetros deben orientarse a la estabilidad de los ingresos de los trabajadores.

Es innegable que la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus ha golpeado severamente la liquidez del sector privado nacional. Este es el motivo detrás de las líneas de crédito blandas y los planes de subsidios a la nómina para las empresas financiados por el Gobierno, es decir, por los impuestos de todos los colombianos.

No obstante, las medidas para atender los problemas de liquidez empresarial no pueden basarse en la modificación, la reducción o el aplazamiento de un beneficio como la prima en junio. Estos montos, que son derechos y no subsidios ni ayudas, brindan bienestar a los trabajadores y les ayudan a asumir gastos extraordinarios como el pago de estudios o de deudas.

Colombia atraviesa tiempos de gran incertidumbre económica para empresas y hogares. Aliviar ese desembolso al sector privado a costa del temor de los trabajadores no es una decisión justa y equitativa.