La semana pasada el presidente Iván Duque presentó un balance sobre los temas de seguridad durante 2019. El mandatario resaltó la reducción del 1 por ciento en la cifra de homicidios en Colombia: mientras en 2019 se registraron 12.825 casos, en 2018 se presentaron 12. 923.
Estos guarismos ratifican la senda positiva de disminución de los asesinatos que el país ha mantenido desde hace casi 20 años. No se deben escatimar todos los esfuerzos orientados en el sostenimiento de esta tendencia que salva vidas.
Desafortunadamente la lucha contra el homicidio debe continuar presente en la primera línea de prioridades para muchos alcaldes, en especial los de las grandes capitales. Por ejemplo, el esfuerzo particular que ha venido desarrollando la ciudad de Cali debe continuarse y reforzarse.
El papel del narcotráfico en las muertes violentas en Colombia sigue siendo preponderante y requiere de la coordinación de las autoridades nacionales con las locales. El combate a las estructuras criminales hace mucho tiempo que se desarrolla en las calles de nuestras principales urbes y en otros municipios intermedios.
El presidente Duque acierta en su compromiso de fortalecer la batalla contra el hurto en las ciudades colombianas. El robo en sus distintas modalidades es el delito que más golpea a los ciudadanos en su diario vivir. La Fiscalía calcula que alrededor de un tercio de todas las denuncias criminales recibidas son por hurtos.
De la mano de los entrantes burgomaestres, el Gobierno necesita plasmar en las ciudades los lineamientos de su nueva política de seguridad urbana. A lo anterior deben añadirse medidas que fortalezcan a su vez al aparato de administración de justicia para tratar con el hurto callejero y su reincidencia.
Si robar en las calles no genera mayor castigo a los ladrones, de poco sirve mejorar las herramientas de la Policía e incentivar la denuncia de los ciudadanos. Al contrario, lo que queda es la frustración y la impotencia colectiva.
framir@portafolio.co
@pachomiranda